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Derechos sexuales y reproductivos
Defender a quien defiende: cómo la criminalización del aborto afecta a quienes ayudan a acceder a abortos seguros
Aintzane Márquez, abogada senior de Women’s Link, explica por qué es esencial defender a las personas que defienden el acceso al aborto en diferentes partes del mundo
País: Polonia
Fecha: 14/07/2022
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Justyna Wydrzyńska, cofundadora de la organización Abortion Dream Team. © Abortion Dream Team
La activista polaca Justyna Wydrzyńska, cofundadora de la organización Abortion Dream Team, se enfrenta a tres años de prisión por ayudar a que una mujer tuviera acceso a un aborto seguro en Polonia. Desde Women’s Link, en alianza con organizaciones polacas, estamos apoyándola para que sea absuelta sin cargos. ¡Ayudar a otras personas no es delito!
Polonia tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa, especialmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2020, que declaró la inconstitucionalidad del aborto por malformaciones fetales incompatibles con la vida. Bajo este supuesto se realizaban el 97% de los abortos legales en el país. Tras la decisión, las posibilidades para abortar en Polonia se redujeron aún más.
Actualmente, el aborto solo puede ser provisto por personal médico y únicamente en dos circunstancias: cuando el embarazo supone un grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo es resultado de violencia sexual. Pero la realidad es que, incluso antes de la decisión del Tribunal Constitucional, acceder al aborto bajo estos supuestos era muy complicado. Muchas mujeres polacas se ven obligadas a viajar a otros países, como Alemania u Holanda, o conseguir las pastillas a través de organizaciones que defienden el acceso al aborto seguro, como Abortion Dream Team, Abortion Without Borders, Women Help Women o Women on Web.
En Polonia, una persona no puede ser perseguida penalmente por realizarse un aborto a sí misma fuera de los supuestos legales, pero cualquier persona que la ayude sí puede ser judicializada. Eso fue justo lo que le pasó a Justyna por ayudar a abortar con pastillas a una mujer víctima de violencia de género que le pidió ayuda.
Desde Women’s Link, en alianza con organizaciones y abogadas polacas, hemos presentado un amicus ante el juez que lleva el caso de Justyna. En este documento, explicamos desde una perspectiva de derechos humanos por qué no se debe penalizar a las personas defensoras de derechos humanos que proveen información, ayuda, acompañamiento, recursos y acceso a aborto seguro en contextos donde existen grandes restricciones y no se cumple con las obligaciones internacionales en acceso al aborto. Esperamos que este amicus contribuya a que se retiren los cargos contra ella.
El caso de Justyna es el primero en Europa en el que una activista es enjuiciada por facilitar píldoras abortivas. Sin embargo, a través de nuestro trabajo, hemos constatado cómo perseguir penalmente a activistas o prestadores de servicios es una estrategia frecuente para restringir el acceso al aborto. Esta criminalización tiene un grave impacto en la igualdad de las mujeres y las niñas, que son las más afectadas por los obstáculos al aborto, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por ser pobres, vivir en zonas rurales, ser migrantes y/o no tener acceso a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Un ejemplo de esta realidad la hemos visto en Venezuela, donde el aborto está prácticamente prohibido, excepto para salvar la vida de la embarazada. E incluso en estos casos su acceso es muy complicado. En este país, la activista Vannesa Rosales atendió la petición de ayuda de la madre de una niña de 13 años, que había sido violada repetidamente por un vecino y había quedado embarazada. Vannesa, ex profesora de la niña, se enfrentó a más de una década de prisión por proveerle pastillas para abortar. Finalmente, gracias a las acciones legales y de comunicaciones coordinadas entre varias organizaciones, en las que participamos, la activista fue puesta en libertad tras pasar 8 meses privada de libertad.
El objetivo de criminalizar a las personas que ayudan a acceder al aborto es crear un clima de miedo para que los proveedores de servicios, como el personal médico, duden antes de realizar un aborto. Como consecuencia, muchas personas mueren por complicaciones durante el embarazo porque los médicos se niegan a realizar abortos o priorizan intentar salvar al feto antes que proteger la vida o la salud de ellas. Así, le sucedió a Esperancita, una niña de 16 años que falleció en el año 2012 en República Dominicana, un país donde el aborto está totalmente prohibido. Los médicos no quisieron tratarle la leucemia que padecía para evitar que el tratamiento afectara al feto. Murió en menos de un mes. Desde Women’s Link, representamos desde hace años a su madre, Rosa Hernández, en la búsqueda de justicia para su hija.
En estos contextos restrictivos es muy importante que los médicos entiendan cuáles son sus derechos y obligaciones en la protección de la vida y la salud de las personas que necesitan un aborto. Bajo nuestro proyecto “Causal Vida”, hemos realizado formaciones con personal médico para explicarles cómo pueden interpretar el derecho a la vida de forma amplia para facilitar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. De acuerdo con esta interpretación, cuando brindan información o acceso al aborto seguro están protegiendo la vida de estas personas al proteger su dignidad, integridad física y psicológica y su derecho a vivir libres de violencia y de discriminación.
Como vemos, en todo el mundo, cuando se penaliza el aborto, las consecuencias van más allá de las vidas de las personas que necesitan acceder a un aborto y afectan también a las personas que quieren ayudarlas, como familiares, activistas y médicos. Desde Women’s Link, seguiremos trabajando para ampliar el acceso al aborto en todo el mundo y defender a las personas que lo defienden. A todas ellas, gracias por vuestra valentía.
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