10 de noviembre de 2021.- Justo cuando la Corte Constitucional de Colombia se alista para tomar una decisión sobre la demanda del movimiento Causa Justa que le pide eliminar el delito de aborto del Código Penal, el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta les ordenó a diferentes autoridades de salud que tomen medidas inmediatas para proteger la salud sexual y reproductiva de las mujeres del departamento de Norte de Santander, incluido el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Esto luego de que la organización internacional Women’s Link Worldwide interpusiera una acción popular y solicitara medidas urgentes para que las mujeres de la región puedan acceder a servicios de salud vitales como la atención materno infantil, la interrupción voluntaria del embarazo y la atención a víctimas de violencia sexual. El boletín 18 sobre violencias basadas en género de la población migrante, del Proyecto Migración Venezuela, registra que entre enero y septiembre de 2020 hubo un incremento del 16% en denuncias de violencia sexual en la población migrante, principalmente en mujeres y niñas; y que Norte de Santander es el segundo departamento con mayor número de casos reportados.

En su decisión, el juzgado afirma que la acción popular presentada por Women’s Link Worldwide evidencia que las mujeres del departamento no cuentan con la información suficiente para acceder a estos servicios ni han recibido soluciones eficaces y pertinentes por parte de las autoridades de salud, lo cual se convierte en un problema de salud pública, en cuanto afecta a una población numerosa, que requiere soluciones estructurales.

Con la decisión, se espera que diferentes entidades públicas actúen de manera coordinada para garantizar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, pues al día de hoy el departamento no cuenta con suficientes prestadores de servicios, ni suministros, ni personal médico capacitado para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Así mismo, hay falta de controles prenatales y atención post parto, en especial para las mujeres migrantes venezolanas. Según un informe de Profamilia, en el año 2018, 8.209 mujeres gestantes venezolanas requirieron acceso a controles prenatales y atención especializada en el parto, sin embargo, 6.304 no recibieron ningún control prenatal.

“Celebramos esta decisión que reconoce que al no prestarse adecuadamente los servicios de salud sexual y reproductiva que necesitan las mujeres, incluida la interrupción del embarazo, se ponen en riesgo los derechos de un grupo amplio de ellas. Esperamos que esta decisión contribuya a que las mujeres que viven en contextos de mayor vulnerabilidad, como las empobrecidas, las que viven en áreas rurales y en zonas afectadas por el conflicto armado, las víctimas de violencia sexual y las migrantes puedan acceder de forma oportuna y sin dilaciones a los servicios de salud sexual y reproductiva que requieren”, afirmó Valeria Pedraza, abogada de Women’s Link Worldwide.

Las medidas adoptadas por el juzgado

El juzgado le ordenó al Instituto Departamental de Salud y a la Secretaría Municipal de Salud de Cúcuta presentar, de manera inmediata, informes en los que conste las actividades que están haciendo para difundir información y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sin importar la condición, nacionalidad o estatus migratorio de las mujeres.

Y, en caso de estar incumpliendo con la normativa vigente, como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la adecuada aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, o la prestación de servicios de salud maternoinfantil, en especial en la frontera colombo-venezolana, se tengan planes de acción inmediatos que incluyan a las mujeres en condición de vulnerabilidad, con énfasis en las migrantes.

“Decisiones como la de este juzgado de Norte de Santander mandan un claro mensaje a la Corte Constitucional y a otros jueces y juezas del país, pues muestran la necesidad de eliminar las barreras que aún siguen enfrentando las mujeres en las regiones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, en especial la interrupción voluntaria del embarazo, y de tratar estos asuntos como lo que son: asuntos de salud pública. Si el alto tribunal elimina el delito de aborto del Código Penal, contribuirá también a que todas las niñas y mujeres que hoy no están llegando al sistema de salud porque no tienen información, ni recursos o porque tienen miedo de solicitar un aborto, dejen de arriesgar sus vidas con procedimientos inseguros”, aseguró Lucía Hernández, abogada de Women’s Link Worldwide.

Más información

• Resumen de las medidas cautelares ordenadas: https://bit.ly/31SAir3
• Historias de barreras de acceso a la IVE en el Norte de Santander: https://bit.ly/3lFe7K5
• ¿Qué es una acción popular?: https://bit.ly/3lJCVAE

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