Las tres causales de aborto en Colombia siguen vigentes

En vista de la desinformación que se ha generado en torno al Proyecto de Resolución que recoge las normas para la correcta prestación del servicio de aborto en Colombia en los tres casos permitidos en el país desde 2006, las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nos pronunciamos.

  • País: Colombia
  • Fecha: 25/10/2019
Las tres causales de aborto en Colombia siguen vigentes

Bogotá, octubre 25 de 2019.- Las condiciones del aborto en Colombia no han cambiado. En vista de la desinformación que se ha generado en torno al Proyecto de Resolución que recoge las normas para la correcta prestación del servicio de aborto en Colombia en los tres casos permitidos en el país desde 2006, las organizaciones firmantes*, defensoras de derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres queremos hacer las siguientes precisiones.  

Hace 13 años las mujeres en Colombia tienen derecho a abortar cuando su salud o su vida están en riesgo, cuando el embarazo es producto de violación o cuando el feto presenta incompatibilidades graves con la vida fuera del útero.  

Pese a que este derecho ha sido reconocido por la Corte Constitucional en sus más de 20 decisiones sobre aborto, las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a el porque los prestadores de servicios de salud se niegan a practicarlo, continúan poniendo trabas para no prestarlo, o porque no están capacitados para brindar este servicio. Quienes más sufren las consecuencias de estas graves fallas son las mujeres rurales, las que viven en zonas apartadas y de difícil acceso, las mujeres más pobres o que habitan en zonas de conflicto, entre otras.  

Tras revisar el caso de una mujer que solicitó el aborto a su EPS y esta no le quiso prestar el servicio, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, en la sentencia SU-096 de 2018, compilar todas las reglas que ya existen para la prestación del servicio de aborto y hacérsela conocer a todos los prestadores de servicios de salud, con el objetivo de que casos como este no sigan ocurriendo. La Corte también ordenó que el Ministerio de a conocer las sanciones a las que se exponen las EPS e IPS que no presten el servicio de acuerdo con la normativa establecida.  

El Ministerio de Salud, en cumplimiento de su obligación, publicó el pasado 9 de octubre un borrador de Resolución que no hace ni más ni menos de lo que le pidió la Corte. No hay ninguna regla nueva en dicha resolución, todo lo que está contenido en ella ya se ha dicho en las diferentes decisiones que la Corte Constitucional ha emitido sobre aborto a lo largo de estos 13 años.  

Las reglas para la prestación del servicio de aborto que han estado y seguirán vigentes son

  • La interrupción voluntaria del embarazo- IVE es un servicio de salud que está incluido en el Plan de Beneficios en Salud. Todas las EPS e IPS (clínicas y hospitales), independientemente de si son públicas o privadas, deben prestar el servicio. 
  • Los únicos requisitos necesarios para solicitar una IVE son:  
    • En los casos de riesgo para la salud (física y/o mental) o la vida, y de incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero: un certificado médico expedido por un profesional de la salud. 
    • En los casos de violación o incesto: copia de la denuncia penal, salvo si se trata de una menor de 14 años, porque en estos casos la ley presume que la niña o adolescente fue víctima de violación. En su caso, tienen derecho a optar por un aborto, aún sin el consentimiento de sus padres o tutores, pues es importante recordar que el 74% de las mujeres víctimas de violación en Colombia son niñas menores de 14 años, y sus principales agresores son familiares o amigos cercanos.   
  • No existe un límite de semanas en los que una mujer puede pedir una interrupción del embarazo. Esto atendiendo a que las causales se pueden configurar en cualquier etapa del embarazo y a los obstáculos que enfrentan las mujeres que solicitan un aborto, que hacen que lleguen a edades gestacionales avanzadas. 

  • Son válidos los certificados médicos expedidos por psicólogos -considerados profesionales de la salud- o por médicos externos a la EPS/IPS a la que se le solicita el procedimiento.  
  • Las instituciones de salud cuentan con cinco días hábiles para atender la solicitud de IVE. 
  • El servicio de IVE debe estar disponible en todos los niveles de atención del sistema de salud, desde el más básico hasta el más especializado, y en todas las etapas del embarazo. En los niveles más básicos, por ejemplo en un centro de salud, deben contar con personal médico entrenado y no objetor para hacer IVEs durante el primer trimestre del embarazo.  
  • La objeción de conciencia debe usarse de forma responsable y no puede ser una excusa para negar el servicio a las personas que necesiten un aborto. Solo los profesionales de salud directamente involucrados en el procedimiento de IVE, y de manera individual, pueden acogerse a la objeción de conciencia para no prestar el servicio. En todo caso deben remitir a la mujer a un profesional que sí lo realice. En Colombia no está permitida la objeción de conciencia institucional, es decir, un hospital entero no puede negarse a prestar el servicio.  

Las organizaciones firmantes celebramos que el Ministerio de Salud haya tomado las medidas necesarias para acatar la orden de la Corte Constitucional y confiamos en que la Resolución que se expida sea una herramienta que contribuya a eliminar las barreras de acceso al aborto que aún persisten y que hacen que el aborto inseguro siga siendo un problema de salud pública que debemos combatir para lograr las metas de reducción de mortalidad materna con las que el país y el gobierno se han comprometido.

* Organizaciones firmantes: Católicas por el Derecho a Decidir, DeJusticia, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Women’s Link Worldwide.


Mayor información

Sonia Mesa González

Comunicaciones Women’s Link

Cel. 300 2648634 / 350 834 7288


Sobre Women's Link Worldwide

Women’s Link Worldwide es una organización internacional que usa el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en especial, de aquellas que enfrentan múltiples inequidades.

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