Bogotá, 1 octubre de 2020. Las organizaciones de la sociedad civil y abogados y abogadas que representan a las víctimas acreditadas en el caso que firmamos este comunicado, solicitamos a los miembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP que realicen un reconocimiento pleno de los crímenes cometidos en el conflicto armado en el marco del proceso judicial y en su calidad de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ser este, el foro adecuado para ello.

Como firmantes del Acuerdo de Paz y al haberse sometido y ser aceptados por la JEP, los comparecientes se comprometieron a que aportarían ante esta jurisdicción verdad plena sobre hechos que son de su conocimiento, garantizarían la no repetición de delitos y contribuirían a la reparación de las víctimas. Un primer momento para realizar el reconocimiento de los delitos y aportar a la verdad, son las diligencias de versión voluntaria que se están llevando a cabo. Al respecto, hacemos constar que el carácter público de las versiones debe igualmente asegurar la no revictimización y proteger los derechos de las víctimas y la seguridad de ellas y de sus representantes, teniendo en cuenta que algunas cuentan con medidas de protección de la misma JEP.  

En vista de que los comparecientes se han pronunciado públicamente en medios de comunicación asegurando que ante la JEP han reconocido el reclutamiento de niñas y niños y la violencia sexual y reproductiva ejercida contra niñas y mujeres dentro de sus filas, les hacemos un llamado para que este reconocimiento se realice en el marco de las actuales y futuras etapas del proceso judicial ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, las cuales ofrecen una nueva oportunidad para este propósito.   

Bajo las normas que rigen a la JEP, un reconocimiento pleno y aportar a la verdad, incluye explicar las reglas y también las prácticas a través de las cuales se promovía, toleraba o permitía el reclutamiento de niñas y niñas y otros delitos asociados, como el homicidio a consecuencia de consejos de guerra, la desaparición forzada, la anticoncepción y abortos forzados, entre otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. También incluye establecer, quiénes tomaban las decisiones en materia de reclutamiento y revelar el grado de conocimiento y control que pudieron haber tenido los miembros del Estado Mayor Central y del Secretariado de la extinta guerrilla. No constituiría reconocimiento pleno, excusar estas conductas como “accidentales” o imposibles de prevenir o controlar, pues esto desconoce la magnitud y la responsabilidad de aquellos con poder de mando dentro de la organización.  

Recordamos que es la magistratura, en ejercicio de sus funciones, la que determinará si el reconocimiento fue pleno y satisface las normas nacionales y los estándares internacionales que protegen los derechos de las víctimas.  

Los derechos de las víctimas son el centro del proceso de paz. Las víctimas acreditadas y no acreditadas en el caso 07 merecen un reconocimiento formal y pleno de las conductas delictivas que han afectado sus derechos, sin excusas ni justificaciones.  

Con la finalidad de evitar la repetición de estos hechos, hacemos un llamado en su conjunto a la sociedad colombiana y al Estado colombiano a asumir una posición activa en el reconocimiento, la protección y la dignificación de los derechos de la niñez y la adolescencia que se han visto vulnerados en el marco del conflicto armado.   

Suscriben este comunicado  

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) y con ella: 

• Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida 
  
• Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violencia (Justapaz) 
  
• Benposta Nación de [email protected] 
  
• Corporación Vínculos 
  
• Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI Colombia) 
  
• Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (JRS Colombia) 
  

Fundación PAX en Colombia 

Women’s Link Worldwide 

Abogados y abogadas 

• Elizabeth Ruiz Thorrens 
  
• Mauricio Herrera  
  
• Gustavo Adolfo Tovar Prada - Abogado apoderado de Víctima en representación de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado del Huila y la Vicepresidencia de la Federación Colombiana de Víctimas del Conflicto -FEVCOL- y de la Fundación FUNISPI).

Mayor información:

Sonia Mesa

Women's Link Worldwide

+ 57- 300 264 8634

[email protected]