Madrid, 7 de marzo de 2017 – Women’s Link ha demandado al Servicio Murciano de Salud por las vulneraciones de los derechos de Antonia, una mujer a la que durante casi cuatro semanas el servicio público de salud negó información sobre la grave incompatibilidad con la vida extrauterina que sufría el feto. Esta vulneración del derecho a la información, junto a la discriminación que sufrió en el hospital público Santa Lucía de Cartagena, impidió que pudiera abortar de forma digna y le ocasionó graves daños físicos y psicológicos. 

En España el derecho al aborto está reconocido en la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos del año 2010. Sin embargo, muchas mujeres se enfrentan aún a serios obstáculos para acceder a un aborto en condiciones dignas, es decir, con un trato respetuoso durante todo el proceso, sin discriminación, con información sanitaria adecuada y con autonomía para decidir. 

“Ya tenemos una ley, pero es necesario establecer medidas para que se aplique de forma correcta y todas las mujeres sin excepción puedan beneficiarse de ella o se quedará en un simple papel mojado. Aún persisten peligrosos prejuicios sobre la maternidad, la salud sexual y reproductiva y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propia vida, que impiden que puedan acceder a un aborto digno”, explica Teresa Fernández Paredes, Abogada Senior de Women’s Link. 

Además, Antonia tuvo que desplazarse a Madrid por sus propios medios para poder interrumpir su embarazo porque ningún hospital público de Murcia quiso realizarlo. Esta situación se repite a lo largo de la geografía española, como el caso que hace unos meses acabó en condena al servicio de salud gallego. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2014, año en que Antonia fue atendida por su embarazo, ni Murcia ni otras tres Comunidades Autónomas (Aragón, Castilla León y Castilla La Mancha) realizaron ningún aborto dentro de su sistema público. 

“En este Día Internacional de la Mujer queremos visibilizar los obstáculos que en España impiden el acceso al aborto digno en la sanidad pública. El Estado, a través de los servicios de salud públicos, elude constantemente su responsabilidad, derivando la mayoría de los casos a clínicas privadas. Esto hace que muchas mujeres tengan que desplazarse por sus propios medios a otras comunidades, alejadas de sus familias, y pagar allí un alojamiento mientras dura el proceso. Existe, por tanto, una clara discriminación geográfica y socioeconómica”, continúa Teresa.

La organización, en representación de Antonia, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el Servicio Murciano de Salud. Con ella, quiere conseguir que el Estado establezca medidas que garanticen el acceso al aborto digno para todas las mujeres en España para que ninguna otra mujer tenga que sufrir lo mismo.

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Laura Martínez Valero

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