7 de septiembre de 2020 - La organización internacional Women’s Link Worldwide interpuso, ante el juzgado administrativo de Cúcuta, una acción popular y solicitó la adopción de medidas cautelares que buscan que las mujeres accedan a servicios de salud sexual y reproductiva, ya que en Norte de Santander son constantes las barreras para acceder a este tipo de servicios. Esta situación se ha empeorado con las medidas que se han tomado para controlar la COVID-19.

En muchos lugares del país las mujeres más vulnerables enfrentan barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Estas barreras se traducen en la ausencia de métodos anticonceptivos, deficiencias en la atención en salud maternoinfantil, falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y falta de aplicación del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados por sus características de zona de frontera y de conflicto armado. A lo anterior se suma la crisis causada por la COVID-19, que ha exacerbado las barreras ya existentes y ha creado nuevos obstáculos. 

“Las restricciones de movilidad, la falta de información clara y prestación oportuna de servicios, el miedo y la dificultad para buscarlos en medio de esta situación, y la no atención a la salud sexual y reproductiva como un servicio esencial durante la pandemia, son algunas de las dificultades que se están encontrando las mujeres. Esto representa una situación de urgencia que debe solucionarse de inmediato, pues cuando a las mujeres se les vulneran estos derechos se está poniendo en riesgo su salud y sus vidas y con ello la salud pública del Departamento”, explicó Ana Margarita González, abogada de Women’s Link Worldwide.

Algunas barreras identificadas

Según la organización, diversos estudios han identificado diferentes tipos de barreras: unas estructurales que vienen desde años atrás y otras relacionadas con las medidas tomadas para controlar la pandemia. Norte de Santander no cuenta con suficientes prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva ya que todo está concentrado en Cúcuta, pero incluso en la capital no hay suficientes suministros ni personal médico capacitado para la interrupción del embarazo. Esto termina dilatando la prestación del servicio y obliga a las mujeres a desplazarse a otras ciudades. Muchas de ellas, en especial las más pobres, de áreas rurales, zonas afectadas por el conflicto armado y las migrantes, no cuentan con recursos para hacerlo. Otra barrera identificada es que no se está aplicando el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual.

Igualmente, en el departamento hay falta de controles prenatales y atención post parto, en especial para mujeres migrantes venezolanas. Según un informe de Profamilia, en el 2018, 8.209 mujeres gestantes venezolanas requirieron acceso a controles prenatales y atención especializada en el parto, sin embargo, 6.304 no recibieron ningún control prenatal. Por ejemplo, Women's Link conoció el caso de una mujer venezolana en situación migratoria irregular, embarazada que solicitó atención para el parto en un hospital público de Cúcuta. La mujer fue atendida pero cuando le dieron de alta tenía un peso muy bajo que indicaba desnutrición (pesaba solo 35 kilos). A pesar de que se sentía muy débil en el hospital decidieron dejarla ir y unos días después falleció.

En medio de la pandemia, los prestadores de servicios de salud están priorizando las atenciones a pacientes con COVID-19 dejando por fuera servicios esenciales para las mujeres. 

“En medio del confinamiento y cuando la violencia contra las mujeres ha aumentado, es necesario contar con acceso a anticoncepción –incluida la anticoncepción de emergencia- y acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para quienes lo requieren, sin importar su nacionalidad o situación migratoria, ante embarazos no deseados o a consecuencia de violación”, sostuvo Lucía Hernández, abogada de la organización.

Las solicitudes  

A través de unas medidas cautelares, se solicitó al juzgado administrativo de Cúcuta que ordene al Instituto Departamental de Salud:

• Que se tomen medidas efectivas para cumplir lo resuelto por el Ministerio de Salud sobre la atención prioritaria de servicios de salud para mujeres y niñas durante la pandemia de COVID-19, entre ellos, la Interrupción voluntaria del embarazo, el acceso a atención en salud para víctimas de violencia sexual y atención materno-infantil independientemente de la nacionalidad o condición migratoria de las mujeres.
• Que las medidas que se tomen estén acompañadas de campañas de información y divulgación con el propósito de que tanto el personal sanitario como las beneficiarias de las medidas estén enteradas.
• Que se garanticen los traslados que las mujeres y niñas requieran con el propósito de acceder a los servicios de salud que ellas necesiten.
• Que se asignen los recursos necesarios ya sean técnicos, de personal o financieros para prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en cualquier edad gestacional y para aumentar la capacidad y cobertura de atención a personas gestantes, de conformidad con el marco jurídico vigente.

Finalmente, la organización hizo un llamado al Ministerio de Salud, que ya dio los lineamientos para el acceso a estos servicios en medio de la pandemia, para que vele porque en los territorios se cumplan esas disposiciones y, de esa manera, se proteja la salud y la vida de las mujeres. Mejorar los sistemas de salud en este momento, ayudará a mejorar el sistema para todas en un futuro.

Información para medios  

• ¿Qué es una acción popular?: https://bit.ly/3lJCVAE
• Historias de barreras de acceso a IVE en el Norte de Santander: https://bit.ly/3lFe7K5

Para mayor información

Sonia Mesa

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