CIDH abre a trámite la petición del caso “Esperancita”
El Estado dominicano ya tiene en sus manos la petición que en agosto de 2017 le presentó la madre de Rosaura Almonte (“Esperancita”) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH en busca de que se esclarezcan los hechos que rodearon la muerte de su hija, se juzgue a los responsables y se implementen los correctivos necesarios para asegurar la no repetición de casos como este. El Estado cuenta con tres meses para responder.
Cuatro sentencias de tribunales de España, El Salvador, México y Sudán consideradas las que más discriminan a mujeres y niñas
La organización internacional Women’s Link Worldwide anuncia hoy las decisiones judiciales ganadoras de la décima edición de los Premios Género y Justicia, que reconocen las mejores y las peores sentencias sobre igualdad de género en todo el mundo
La sentencia de La Manada es elegida una de las peores decisiones judiciales del año 2018
La organización internacional Women’s Link Worldwide anuncia hoy las decisiones judiciales ganadoras de la décima edición de los Premios Género y Justicia, que reconocen las mejores y las peores sentencias sobre igualdad de género en todo el mundo
Dos sentencias españolas, la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por el caso de La Manada y la sentencia del Tribunal Supremo por el caso de Ángela González, han sido elegidas, respectivamente, como la peor y la mejor decisión judicial de esta edición
Women’s Link Worldwide inicia la décima edición de los Premios Género y Justicia
Hoy empieza la décima edición de los Premios Género y Justicia donde personas de todo el mundo eligen las mejores y las peores decisiones judiciales en relación a la igualdad de género
Organizaciones de derechos humanos y de mujeres le piden a la Corte Constitucional que mantenga las penas del acuerdo de paz para quienes cometieron violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes
Los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado podrían verse afectados si los responsables de estos delitos reciben las penas del código penal ordinario y no las que estableció el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.
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