Auto 009 de 2015- Sala Especial de Seguimiento a Sentencia T- 025 de 2004
Colombia, Corte Constitucional

Auto 009 de 2015- Sala Especial de Seguimiento a Sentencia T- 025 de 2004

FECHA DE EMISIÓN 05-08-2015DESCARGA LA DECISIÓN JUDICIAL

Jueces y juezas:

Luis Guillermo Guerrero Pérez

Luis Guillermo Guerrero Pérez

Gloria Stella Ortiz Delgado

Gloria Stella Ortiz Delgado

Luis Ernesto Vargas Silva

Luis Ernesto Vargas Silva

prevnext

Temas:

Prácticas forzadas y no consentidasViolación, abuso y acoso sexual Discriminación interseccional

Normas relacionadas:

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 2

NORMAS RELACIONADAS

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 3

NORMAS RELACIONADAS

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 7

NORMAS RELACIONADAS

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer ""Convención de Belém do Pará " Artículo 8

NORMAS RELACIONADAS

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer ""Convención de Belém do Pará " Artículo 8

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

Los autos de seguimiento de las sentencias de tutela son una herramienta desarrollada por la Corte Constitucional colombiana con base en los artículos 3, 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991. Los autos de seguimiento son jurídicamente vinculantes (Auto 080 de 2012). En ese sentido, se dice que en general la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del fallo está en cabeza del juez de primera instancia y sólo excepcionalmente la Corte Constitucional puede asumir esa responsabilidad. La jurisprudencia ha señalado que ese seguimiento sólo es procedente cuando se dan los siguientes presupuestos (Auto 279/09): cuando se incumple una sentencia emitida por la Corte Constitucional en la cual concede el amparo solicitado, cuando el juez competente para pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia no adopta las medidas pertinentes, o a pesar de adoptarlas la desobediencia persiste, cuando es indispensable que la Corte intervenga para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, o cuando resulte imperioso salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional.

Con esta decisión la Corte consolida el marco constitucional para abordar el impacto de género del conflicto armado sobre las mujeres en situación de desplazamiento forzado, toda vez que profundiza las medidas destinadas a superar las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres y niñas víctimas de desplazamiento en el conflicto armado colombiano.

De esta forma, ante la persistencia de la violencia sexual como un riesgo de género para las mujeres desplazadas y de las falencias en la respuesta estatal, la Corte no sólo condena el riesgo de violencia sexual que aún persiste para las mujeres desplazadas con ocasión del conflicto armado, sino que también expone una serie de exigencias – entre otras la Sala ordena actuar de forma coordinada, ordena elaborar una serie planes, directrices y programas para la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado- debida diligencia en prevención, protección, investigación y reparación acorde a estándares constitucionales e internacionales. Tal como se describe en los Programas y que, de esta manera, restablezcan la protección y los derechos constitucionales de una manera que sea sensible a las necesidades específicas de género. 

Adicionalmente, esta decisión es muy importante para la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas en Colombia, debido a que la Corte insiste en la obligación del Estado de promover los derechos de las mujeres afectadas por el conflicto armado de manera activa, instando así, por ejemplo, la participación de organizaciones que promueven los derechos de las mujeres desplazadas en el diseño y la implementación de dichos programas de atención y la verificación y el seguimiento de cada uno de las medidas generales e individuales ordenadas por parte de la Corte.

La Sala Especial de Seguimiento creada por la Corte Constitucional con el fin de monitorear el cumplimiento de la sentencia de tutela T-025/2004 -mediante la cual la Corte declara el estado de cosas inconstitucional respecto a la atención que el Estado brinda a la situación de las personas desplazadas por la violencia-, emite el Auto 092/08 a través del cual la Sala reconoce que el desplazamiento forzado tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres debido a los múltiples riesgos de género identificados como causas del desplazamiento forzado, entre ellos el riesgo de violencia sexual. A través de este primer auto de seguimiento a la sentencia T-025/04 con enfoque de género, la Sala ordena al Gobierno colombiano la creación e implementación de trece programas que respondan de forma efectiva a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres en el contexto del conflicto armado, tomando en consideración aspectos de género del desplazamiento forzado, entre otros señala la Sala los patrones de violencia y discriminación de género estructural donde se cuentan entre otras cosas los riesgos acentuados de ser víctimas de violencia sexual. Asimismo, ordena a la Fiscalía General de la Nación investigar 183 casos de violencia sexual.

De esta forma, para evaluar el cumplimento de las disposiciones anteriores por parte del Estado, la Sala de seguimiento, en el Auto 009 de 2015, se pronuncia nuevamente, y destaca la persistencia de fallas en la asistencia, protección y acceso a justicia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y desplazamiento forzado.

La Sala observa que la violencia sexual, sigue siendo un riesgo de género para las mujeres en situación de desplazamiento forzado y apunta que las fallas en cuanto a la falta de protección, atención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, agrava su condición y las pone en una situación de completa indefensión. En cuanto a los programas y la orden a la Fiscalía concluye que la acción de los organismos encargados de su cumplimiento es insuficiente, puesto que persisten obstáculos para que las víctimas denuncien, las autoridades protejan sus derechos, además de determinar que las respuestas de los diversos entes estatales competentes ha sido aisladas y descordinadas provistas de poca entidad. 

Por lo anterior, la Sala insta a las autoridades competentes que solucionen los inconvenientes y obstáculos de prevención y atención que siguen enfrentando las mujeres víctimas de violencia sexual, así como la estricta revisión de las obligaciones constitucionales, especialmente las del deber de debida diligencia en materia de prevención, protección y los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a favor de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado.

La Corte Constitucional, por medio de la Sentencia T-025 de 2004, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno, al verificar la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la población desplazada en Colombia. Para darle seguimiento a esta sentencia se crea la Sala Especial de Seguimiento, cuyas funciones también incluyen evaluar el nivel de cumplimiento de las órdenes que emite en sus autos de seguimiento. Es esto precisamente lo que realiza en el Auto 009, ya que evalúa algunas de las ordenes dispuestas en el Auto 092/2008, a través del cual la Corte reconoce que el desplazamiento forzado tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres debido a los múltiples riesgos de género identificados como causas del desplazamiento forzado.

En el Auto de seguimiento 092/2008, la Corte detecta fallas en la respuesta que el Estado brinda a casos de violencia sexual contra mujeres en situación de desplazamiento forzado y ordena al Gobierno la creación e implementación de trece programas que respondan de forma efectiva a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres en el contexto del conflicto armado, tomando en consideración aspectos de género del desplazamiento forzado. Asimismo, da traslado a la Fiscalía General de la Nación de un documento reservado, contenido de ciento ochenta y tres (183) casos de violencia sexual, para que adoptara las medidas pertinentes para iniciar las investigaciones penales de estos casos con la mayor celeridad. Y se da traslado del mismo documento a la Procurador para que ejerza su función de vigilancia sobre los procesos y restitución de derechos fundamentales a las víctimas.

Así, luego de varios años de emitido este auto de seguimiento, para evaluar su cumplimiento e implementación, la Sala Especial de Seguimiento a través del Auto 009/15 entra a evaluar la situación y las afectaciones de derechos fundamentales de las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores, víctimas de actos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado a la fecha. En este último auto la Sala se enfoca en evaluar el cumplimiento respecto a los programas relativos a la prevención de la violencia sexual en el conflicto armado ordenados al Director de la Agencia Presidencial para la Acción y la Cooperación Internacional, y la orden a la Fiscalía General de la Nación.

1. Uno de los riesgos que la Corte señala es que las mujeres desplazadas están mayormente expuestas a la violencia y abusos sexuales, así como a la explotación y prostitución sexual forzada, la esclavitud sexual, planificación reproductiva forzada, embarazos y abortos y la trata de personas con fines de explotación sexual, así como el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

2. En esta línea, la Corte reitera lo dicho en el Auto 092 de 2008 en cuanto la situación que las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores desplazadas por el conflicto armado viven a diario, a saber: “(i) (…) los riesgos con ocasión a la condición género a los cuales se encuentran expuestas las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores en situación de desplazamiento, entre los cuales identificó el riesgo de violencia sexual, ; (ii) la situación sistemática, extendida y masiva de la vulneración de la integralidad de sus derechos a lo largo del territorio nacional; (iii) la respuesta estatal manifiestamente insuficiente frente a esta situación y frente al cumplimiento de sus deberes constitucionales; y (iv) la existencia de elementos en la política pública de atención al desplazamiento forzado que dejan vacíos críticos respecto de la situación de total desamparo de las mujeres desplazadas ante las autoridades obligadas a protegerlas.”

3. La Sala indica que el riesgo de violencia sexual continúa siendo tal en virtud del género, latente para las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores, en las zonas del país en las que perviven los contextos de conflicto armado interno y desplazamiento forzado por la violencia. En este sentido, resalta nuevos riesgos de violencia sexual no identificados anteriormente, asociados con la explotación ilegal de recursos mineros, y el riesgo de sufrir violencia sexual en caso de mujeres con orientación sexual diversa. La Sala continua con el análisis de factores de potenciación de riesgos de violencia sexual desde un enfoque subdiferencial, abordando las particularidades que padecen las mujeres indígenas, afrodescendientes, con diversidad funcional, quienes son víctimas de múltiples discriminaciones. La Sala afirma que desde la expedición del Auto 092 de 2008, ha recibido cerca de cuatrocientos cincuenta casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado. Los cuales remite a la Fiscalía y a la Procuraduría de forma reservada.

4. Posteriormente, la Sala Especial indica la persistencia de problemas relacionados con la atención y protección a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado, identificados en el auto 092/08. (i) la persistencia de obstáculos que impiden a las víctimas en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado por la violencia declarar o denunciar los actos de violencia sexual; (ii) la existencia de problemas asociados al subregistro y a la inadecuada caracterización de los actos de violencia sexual; y (iii) la continuidad de falencias en la atención a las víctimas de violencia sexual.

5. La Corte evalúa, las obligaciones constitucionales derivadas del deber de debida diligencia en la prevención atención, protección y acceso a la justicia a favor de las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual perpetrada por actores armados, los cuales incluyen actos de violencia sexual cometidos por grupos pos-desmovilización, ocurran o no de manera simultánea al desplazamiento. También recuerda los deberes del estado respecto a la debida diligencia en la investigación, juicio y sanción de estos crímenes, todo lo anterior con base en instrumentos internacionales, entre ellos cita recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para).

6. Seguidamente la Sala entra a evaluar las ordenes concretas dadas en el Auto 092/08. En primer lugar, se refiere a la orden segunda a cargo de la Fiscalía Nacional, referente a la investigación de los 183 casos de violencia sexual. La Sala considera que las nuevas agresiones de índole sexual a las que las mujeres víctimas han sido sometidas, por su participación en procesos penales o administrativos, bien sea para denunciar o declarar sus casos, constituyen un modus operandi por parte de los agresores para que los graves casos de violencia sexual queden en total impunidad. Estas agresiones también han provocado nuevos desplazamientos, y se han cometido contra defensoras de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual.

7. Por otra parte, la Sala encuentra que hay funcionarios que no brindan un trato digno a las víctimas en los procedimientos judiciales, con una atención que evidencia estereotipos y prejuicios de género contra las víctimas. Por ejemplo: funcionarios que insinúan que los hechos fueron provocados por las víctimas, o que la denuncia es un acto de venganza emocional contra el presunto agresor. También resalta lo dicho en el Auto 092/00 sobre la relevancia de incorporar un enfoque diferencial, ya que muchas de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos. La sala concluye estas observaciones indicando que es indispensable que se generen mecanismos de coordinación entre las entidades judiciales y administrativas encargadas de garantizar un recurso judicial efectivo a las víctimas de violencia sexual con ocasión al conflicto armado y al desplazamiento forzado.

8. Respecto a la orden tercera en lo concerniente a la creación y diseño de un Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, la Sala determina avances, entre ellos Protocolos elaborados por el Ministerio de Protección Social para la atención en salud a las víctimas. Dentro de las dificultades encuentra que la falta de instrumentos específicos que indiquen los componentes y los responsables de la ayuda humanitaria a proveer a las víctimas de violencia sexual; el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas no incluye atención diferenciada a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, y carencia de resultados cuantitativos respecto a la atención a víctimas. Concluye la Sala que la respuesta estatal ha oscilado entre las actividades aisladas y descordinadas provistas de poca entidad, y la redefinición de los lineamientos generales de la política pública, sin mayor impacto concreto en el goce efectivo de los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Por lo que determina que persiste el incumplimiento de la orden tercera del Auto 092 de 2008, en lo que respecta a la prevención y atención de la violencia sexual como riesgo especial de género con ocasión al conflicto armado y al desplazamiento forzado.

9. Identificadas las falencias anteriores, la Corte emite una serie de órdenes a distintas entidades del orden nacional con el objetivo de prevenir la violencia sexual contra las mujeres con ocasión al conflicto armado y al desplazamiento forzado, mejorar la atención y protección a las mujeres víctimas, y la realización de sus derechos fundamentales a la verdad, justicia, reparación y no repetición sin discriminación.

La Corte Constitucional resuelve:

1. Verificar que los hechos y riesgos que han sido constitutivos de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado continúan, y que además representan una situación real alarmante que atenta de forma directa y grave los Derechos Humanos y los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, declara que las autoridades competentes colombianas deben actuar urgente y diligentemente para: “(i) prevenir efectivamente los factores que han dado lugar a la persistencia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado, (ii) atender y proteger a las sobrevivientes de violencia sexual, y (iii) garantizar el cumplimiento de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.”

2. Adicionalmente, reitera lo dicho en el Auto 092/08 sobre la obligación del Fiscal General de la nación de adoptar las medidas que considere necesarias para investigar los hechos ocurridos en este contexto a la mayor brevedad posible. Adicionalmente, le solicita la adopción de un Plan de Acción para que los programas de protección a víctimas y testigos, y el programa de protección a víctimas de la Ley 975 de 2005, garanticen de forma adecuada y efectiva la vida, seguridad e integridad personal de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, y la de sus familias.

3. Traslado al Defensor del pueblo la responsabilidad de velar por la promoción, el ejercicio, la divulgación y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado. La Sala le solicita la elaboración de un Plan de Acción Integral para asesorar a las mujeres sobrevivientes.

4. Invita al Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria del Estado a que adopte directrices integrales para la garantía de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado.

5. Invita al Procurador General de la Nación para que adopte un Plan de Acción Integral para vigilar los casos de violencia sexual.

6. Solicita al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que diseñe e implemente un programa pedagógico para funcionarios judiciales que tienen a su cargo procesos relacionados con violencia sexual. 

7. Solicita al Ministro de Educación Nacional que desarrolle jornadas pedagógicas sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Adicionalmente, la responsabilidad de enviar a la Corte, un informe con los contenidos y metodologías seleccionadas para estas jornadas.

Corte Constitucional de Colombia
Corte Constitucional de Colombia
prevnext

Decisiones relacionadas:

Olimpo de Jesus Sánchez Caro y otros (aborto forzado)
Colombia, 16-12-2016

Olimpo de Jesus Sánchez Caro y otros (aborto forzado)

Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz

La Sala de Justicia y paz de Medellín estudió el caso de 20 ex militantes del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), acusados de varios delitos - contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Hu

Ver más »
Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy” (Bloque Minero)
Colombia, 02-02-2015

Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy” (Bloque Minero)

Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz

El Tribunal Superior de Medellín utiliza un enfoque diferencial y de género para determinar que un alto dirigente de las autodenominadas “Autodefensas Unidas de Colombia” ejecutó graves, sistemáticos y generalizados ataques contr

Ver más »
C.N. v. Reino Unido
Reino Unido, 13-11-2012

C.N. v. Reino Unido

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el Reino Unido no investigó suficientemente las alegaciones de C.N., una mujer ugandesa que desde su llegada al Reino Unido con 23 años, fue sometida
Ver más »

Las cookies propias y de terceros nos permiten mejorar nuestros servicios. Al navegar por nuestro sitio web aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.

Entendido