C-355/2006
Colombia, Corte Constitucional

C-355/2006

FECHA DE EMISIÓN 10-05-2006DESCARGA LA DECISIÓN JUDICIAL

Jueces y juezas:

Jaime Araujo Rentería

Jaime Araujo Rentería

Rodrigo Escobar Gil

Rodrigo Escobar Gil

Alfredo Beltrán Sierra

Alfredo Beltrán Sierra

Manuel José Cepeda

Manuel José Cepeda

Marco Gerardo Monroy Cabra

Marco Gerardo Monroy Cabra

Humberto Sierra Porto

Humberto Sierra Porto

Álvaro Tafur Galvis

Álvaro Tafur Galvis

Clara Inés Vargas

Clara Inés Vargas

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Temas:

Aborto

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Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
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La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
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La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
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No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

De acuerdo al artículo 243 de la Constitución Política, los fallos de constitucionalidad de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento para todos los operadores jurídicos.

Esta decisión posicionó a Colombia como uno de los países más avanzados de la región en términos de salud sexual y reproductiva. Esta decisión no sólo es histórica por haber logrado un cambio legal significativo, sino porque los argumentos desarrollados por la Corte abren un camino importante en materia del reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y la implementación de estándares internacionales de derechos humanos en contextos nacionales.

La decisión fue seguida de regulaciones que son las únicas en la región que utilizan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Para conocer más sobre el proceso de implementación de la sentencia, haga clic aquí .

En abril de 2005, Women's Link Worldwide presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional colombiana, solicitando que declarara inconstitucional la ley penal que establecía que el aborto era un delito en cualquier circunstancia. El 10 de mayo de 2006, la Corte dictó sentencia estableciendo que la penalización del aborto en todas las circunstancias implica la completa prevalencia de la vida del que esta por nacer y el consiguiente sacrificio absoluto de los derechos fundamentales de la mujer embarazada asi como el desconocimiento de su dignidad humana al reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación.
En abril de 2005, Women's Link Worldwide presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional colombiana, solicitando que declarara inconstitucional la ley penal que establecía que el aborto era un delito en cualquier circunstancia. Para ver un video sobre la demanda y acceder todos los documentos relevantes, haga clic aquí .

Inexistencia de cosa juzgada material o formal respecto de las decisiones previas adoptadas por la Corte Constitucional

La figura de cosa juzgada constitucional busca proteger la seguridad jurídica; sin embargo, su alcance se ve delimitado por las garantías ciudadanas propias del proceso de constitucionalidad, y las necesidades de cambio y evolución del ordenamiento jurídico. Así, la jurisprudencia ha vinculado la cosa juzgada material con el precendente por estar en cabeza del juez constitucional el deber de ser consistente con sus decisiones previas en razón tanto de la seguridad jurídica como del respeto al principio de igualdad pues no es justo que casos con hechos iguales sean fallados de forma diferente, lo que no significa que haya una petrificación de la jurisprudencia sino que se le da prevalencia en primera instancia al respeto del precedente para evitar injusticias por parte del juez constitucional.

Para delimitar claramente lo anterior, la Corte ha establecido un examen compuesto por cuatro elementos para determinar si se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada:

1. Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible.
2. Que la disposición demandada reproduzca el sentido normativo ya excluído del ordenamiento jurídico, independientemente que su redacción sea distinta. 3. Que las razones por las cuales el acto jurídico previamente declarado inexequible hayan sido de fondo y no por vicios de forma.
4. Que subsistan las disposiciones constitucionales de fondo que conllevaron a la declaratoria de inexequibilidad.

La vida como un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado colombiano, y su diferencia con el derecho a la vida.

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 contempla la vida como uno de los valores que pretende asegurar el ordenamiento constitucional, el artículo 2º señala que la autoridades estan instituidas para proteger la vida de todas las persoas residentes en Colombia, y el artículo 11 consigna que "el derecho a la vida es inviolable", además de otras referencias constitucionales. De esta forma, se desprende la pluralidad funcional de la vida en la Carta de 1991, pues tiene el carácter de un valor y de un derecho fundamental. Así, cabe establecer una distinción entre la vida como un bien constitucionalmente protegido y el derecho a la vida como un derecho subjetivo de carácter fundamental. Por esta razón, la Constitución de 1991 realiza una protección general de la vida, lo que implica que toda la actuación del Estado debe orientarse a protegerla y no sólo y exclusivamente en un sentido antropocéntrico.

Por otro lado, al Congreso le corresponde adoptar medidas idóneas para cumplir con el deber de protección de la vida, y que sean de su cargo, esto no significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha finalidad, porque a pesar de su relevancia constitucional la vida no tiene el carácter de un valor o de un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con los otros valores, principios y derechos constitucionales.

Por último, dentro del ordenamiento constitucional la vida tiene diferentes tratamientos normativos, pudiendo distinguirse entre:

1) el derecho a la vida como bien jurídico protegido por la Constitución lo cual supone la titularidad para su ejercicio y su correspondiente restricción con la persona humana; y
2) la protección de la vida que se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado la condición de persona humana, como las plantas y los animales. Así, la protección general de la vida y el derecho a la vida son fenómenos diferentes.

La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. Aunque la ley colombiana protege al que está por nacer, no lo en mismo grado de intensidad que a la persona humana. No es lo mismo la pena para un infanticidio, que para un homicidio o un genocidio, es decir que el bien jurídico tutelado es diferente en determinados casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta.

El derecho a la vida en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La Corte Constitucional estableció que de los instrumentos internacionales de derechos humanos no se desprende un deber de protección absoluto e incondicional de la vida en gestación sino que, por el contrario, tanto en su interpretación literal como sistemática es necesario que se pondere el derecho a la vida en gestación con otros derechos, principios y valores reconocidos en la Constitución y en otros instrumentos internacionales de los derechos humanos. Dicho examen además, implica identificar y sopesar los derechos en conflicto con el deber de protección de la vida, así como apreciar la importancia constitucional del titular de tales derechos, en este caso, de la mujer embarazada. En caso de omitir la ponderación, se puede incurrir en el desconocimiento flagrante de la finalidad de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, los cuales buscan promover un régimen de libertad y de justicia social.

Los derechos fundamentales de las mujeres en la Constitución Política Colombiana y en el derecho internacional

En Colombia, la Constitución de 1991 dejó expresar su voluntad de reconocer y enaltecer los derechos de las mujeres y de asegurar su protección de forma efectiva y reforzada. Así, hoy en día la mujer es sujeto constitucional de especial protección particularmente por parte de los operadores jurídicos sin excepción alguna. De esta manera lo ha expresado la Corte Constitucional en su jurisprudencia recordando que para la mujer existen situaciones en donde se ve particualmente afectada como lo son aquellas concernientes a su vida y en particular a los derechos sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción.

Dice la Corte que los tratados internacionales son la base para el reconocimiento y protección de los derechos reproductivos de las mujeres, los cuales parten de la protección de otros derechos tales como vida, la salud, la igualdad y no discriminación, la libertad, la integridad personal el estar libre de violencia y que se constituyen en el núcleo esencial de los derechos reproductivos. El derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Teherán, reconoció los derechos de la mujer como derechos humanos. Así, en la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, prevalecieron especialmente los derechos de la mujer y se reconoció que los derechos reproductivos son una categoría de derechos humanos ya reconocidos en tratados internacionales y que incluyen el derecho fundamental de todas las personas a "decidir libremente el número y el espaciamiento de hijos y a disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo". Además establece que "la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo y de procrear, y la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia". Asímismo los hombres, mujeres y adolescentes tienen el derecho de "obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección para la regulación de la fecundidad, así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos".

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) entró en vigor en Colombia desde el 19 de febrero de 1982, es uno de los instrumentos internacionales de mayor importancia respecto de la garantía y protección de los derechos de las mujeres. Así, en cuanto al derecho a la salud, en donde se incluye el derecho de la mujer a su salud reproductiva y la planificación familiar, se insta a los Estados a ofrecer una amplia gama de servicios de salud de calidad y económicos, que incluyan servicios de salud sexual y reproductiva donde además debe dichas políticas y programas de salud deben pensarse desde una perspectiva de género. Asimismo, la CEDAW ha establecido que se deben eliminar todas las barreras que impidar que las mujeres accedan a los servicios de salud, a educación e información en salud sexual y reproductiva y ha hecho un especial hincapié en que las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan particularmente a la mujer, constituyen una barrera para acceder al cuidado médico que las mujeres necesitan, comprometiendo sus derechos a la igualdad de género en el área de la salud y violando con ello la obligación internacional de los Estados de respetar los derechos reconocidos internacionalmente

De igual forma, la CEDAW ha determinado que el derecho a la autodeterminación reproductiva de las mujeres es vulnerado cuando se obstaculizan los medios por los cuales una mujer puede ejercer su derecho a control su fecundidad. El derecho a decidir el número de hijos está directamente relacionado con el derecho a la vida de la mujer cuando existen legislaciones prohibitivas o altamente restrictivas en materia de aborto, que generan altas tasas de mortalidad materna.

Por otro lado, el derecho a la intimidad está altamente relacionado con los derechos reprodutivos, y puede afirmarse que se viola cuando el Estado o los particualres interfieren el derecho de la mujer a tomas decisiones sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva. El derecho a la intimidad le impone al médico que respete la confidencialidad de su paciente, y por lo tanto, lo estaría violando si el Estado lo obliga legalmente a revelar la información y denunciar a la mujer que se ha practicado un aborto.

Por último, el derecho a la educación y su relación con los derechcos reproductivos de las mujeres puede examinarse desde varios niveles: el acceso de las mujeres a la educación básica, a fin de que ella logre el empoderamiento en su familia y en su comunidad, y contribuya a que tome conciencia de sus derechos. Además, en el derecho a la educación también se encuentra el derecho de las mujeres a recibir educación sobre salud reproductiva, así como a que se les permita ejercer el derecho a decidir el número de hijos y espaciamiento entre ellos de manera libre y responsable.

Los límites a la potestad de configuración del legislador en materia penal

Si bien el titular de la capacidad de configuración normativa en materia de política criminal es el legislador, ést no puede desconocer los límites establecidos en los principios, valores y derechos constitucionales de las personas. De esta forma, la Constitución Política opera como un mecanismo de "control de límites de competencia del legislador, con el fin de evitar excesos punitivos". Así, la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, le corresponde ejerecer control sobre los límites que ella le ha impuesto al legislador, es decir, debe examinar si tales medidas legislativas presentan o no el carácter de restricciones constitucionalmente válidas. Para esto, su jurisprudencia ha establecido los siguientes criterios para definir si el tipo penal o la sanción imponible se ajustan al mandato constitucional:

1) Deber de observar la estricta legalidad; implica que la creación de los tipos penales es una competencia exclusiva del legislador y por lo tanto es obligatorio respetar el principio de tipicidad, el principio de irretroactividad (salvo favorabilidad), y definir la coducta punible de forma clara, precisa e inequívoca. 2) Deber de respetar los derechos constitucionales; es decir que el legislador, a la hora de definir los tipos penales, esta sometido al contenido material de los derechos constitucionales, tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia y, en general, al bloque de constitucionalidad. 3) Deber de respeto por los principios de proporcionalidad y razonabilidad; implica no sólo que el tipo penal y su sanción, al establecer tratos diferenciados se someten a un juicio de proporcionalidad sino también, que deben ser razonables e idóneos.

Además de los criterios anteriormente mencionados, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en el bloque de constitucionalidad como otro límite más a la potestad de configuración en materia penal del legislador, pues éste no puede desconocer los mandatos de los tratados internacionales que hacen parte del bloque en el sentido estricto.

De esta forma, no podrán tipificarse conductas que desconozcan los derechos fundamentales, que no resulten idóneas para proteger bienes jurídicos constitucionales o que resulten desproporcionadas o irrazonables.

El principio y el derecho fundamental a la dignidad humana como límites a la libertad de configuración del legislador en materia penal

La dignidad humana en nuestro ordenamiento jurídico desempeña tres roles distintos: (i) es un prinicipio fundante del ordenamiento jurídico, valor constitucional; (ii) es un principio constitucional y (iii) tiene el carácter de derecho fundamental autónomo. Sin embargo, tanto el principio como el derecho fundamental a la dignidad humana coinciden en cuanto al ámbito de conductas protegidas. Así, la dignidad humana protege (a) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como se quiere); (b) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien); (c) la intangibilidad de los bienes patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).

La noción jurídica de dignidad humana en el ámbito de la autonomía individual la integra la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el indiviudo se desarrolle lo que implica que cada persona seberá contra con el máximo de libertad y con el mínimo de restricciones posibles.

La dignidad humana en el ámbito de las condiciones materiales de existencia integra la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel efectivo en la sociedad.

Por último, el tercer ámbito de la dignidad humana de vivir sin humillaciones que implica que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. De tal forma que toda conducta que conlleve a la exclusión social incurre en una violación de la dignidad humana.

Así, para la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la dignidad humana de la mujer integra la protección de las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las cuales se incluye la autonomía reproductiva, la garantía de la intangibilidad moral que tendría manifestaciones concretas en la prohibición de asignarle roles de género estigmatizantes o inflingirle sufrimientos morales deliberados.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal

El derecho al libre desarrollo de la personalidad integra la autonomía individual como la esfera vital conformada por asuntos que sólo atañen al individuo, la cual es un principio constitucional que, además, vincula a todos los poderes públicos a los cuales les está vedada cualquier injerencia en este campo reservado, pues decidir por la persona supone arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en un medio para los fines que fuera de ella se eligen. Es así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad está vinculado al ámbito de las decisiones propias del individuo, las cuales constituyen su plan de vida o su modelo de realización personal.

Asímismo integra la libertad de toda persona de optar sin coacción alguna de escoger su estado civil, y entre otras opciones decidir entre contraer matrimonio, vivir en unión libre o permanecer en soltería.

El derecho a ser madre implica la consideración de la maternidad como una "opción de vida" que corresponde al fuero interno de cada mujer. En consecuencia, no es constitucionalmente permitido que el Estado, la familia, el patrono o las instituciones de educación establezcan normas que desestimulan o coarten la libre decisión de una mujer de ser madre, así como tampoco lo es cualquier norma, general o particular, que impida el ejercicio de la maternidad. Es así como, eñ trato discriminatorio o desfavorable de la mujer, por encontrarse en alguna especial circunstancia al momento de tomar la decisión de ser madre resulta, a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad, abiertamente inconstitucional.

De igual forma, dentro del ámbito de autonomía para tomar decisiones se encuentra la opción de la persona de decidir si sigue o no un determinado tratamiento médico, sin importar que la elección del paciente sea contraria a lo que el criterio médico establezca.

Es así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un límite a la potestad de configuración del legislador, pues no puede éste imponer medidas perfeccionistas que supongan una restricción desproporcionada a este derecho.

La salud, así como la vida y la integridad de las personas, como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la vida humana no consiste solamente en la supervivencia biológica sino que requiere desenvolverse dentro de unas condiciones mínimas de dignidad. Y, como la persona conforma un todo integral y completo, que incorpora tanto los aspectos puramente materiales, físicos y biológicos como los del orden espiritual, mental y psíquico, para que su vida corresponda verdaderamente a la dignidad humana, deben confluir todos esos factores como esenciales en cuanto contribuyen a configurar el conjunto del individuo.

El derecho a la salud comprende no sólo la salud física sino también la mental y, en el caso de la mujeres, se debe incluir también la salud reproductiva, íntimamente ligada a la ocurrencia del aborto espontáneo o provocado, casos en los cuales, por múltiples circunstancias, puede estar en peligro la vida de la mujer o ser necesario un tratamiento para recuperar su función reproductiva.

El trato especial que la Constitución le da a la mujer embarazada se sustenta en el derecho a la vida, la integridad personal, el respeto a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el principio de la familia como institución básica de la sociedad. Este último derecho a la familia incluye el derecho a decidir libremente el número de hijos e intervalo de hijos.

Así, el derecho a la salud, además de su contenido prestacional, también tiene carácter de un derecho de defensa frente a injerencias estatales o de terceros que lo amenacen o vulneren. De esta forma, resulta inconstitucional que el legislador adopte medidas que restrinjan desproporcionadamente el derecho a la salud de una persona, aún cuando sean adoptadas para proteger bienes constitucionalmente relevantes en cabeza de terceros.

Examen del caso concreto

La Corte Constitucional, en primera instancia, estudiará la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal que establece la penalización del aborto en todas las circunstancias.

En el caso que se estudia, se encuentra por un lado, la vida del nasciturus (no nacido) es un bien protegido por el ordenamiento constitucional y por lo tanto las decisiones que adopte la mujer embarazada sobre la interrupción de la vida en gestación trascienden de la esfera de su autonomía privada e interesan al Estado y al legislador.

Por otra parte, existen diversos derechos, principios y valores constitucionales en cabeza de la mujer gestante como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la intergridad personal, el derecho a su vida y a salud.

Sin embargo, si bien no resulta desproporcionada la protección del nasciturus mediante medidas de carácter penal y en consecuencia la sanción del aborto resulta ajustada a la Constitución Política, la penalización del aborto en todas las circunstancias implica la completa preeminencia de uno de los bienes en juego, la vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada como su dignidad y su reducción a un mero receptáculo de la vida en gestación lo que sin duda resulta a todas luces inconstitucional.

Para la Corte, las medidas perfeccionistas definidas como la imposición de un deterinado modelo de virtud o de excelencia humana, son inconstitucionales puesto que las autoridades al sancionar a un individuo porque no acepta los ideales coactivamente establecidos por el Estado y sin haber afectado el ordenamiento constitucional o los derechos de terceros, vulnera la dignidad humana, la autonomía individual y el libre desarrollo de la personalidad.

Cuando la continuación del embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que en aquellos eventos en los cuales está amenazada la salud y la vida de la mujer gestante, pues resulta a todas luces excesivo exigir el sacrificio de la vida ya formada por la protección de la vida en formación, pues no existiría equivalencia entre el derecho no sólo a la vida, sino también a la salud propia de la madre respecto de la salvaguarda del embrión.

En consecuencia, el Estado no puede obligar al particular, en este caso a la mujer embarazada, a asumir sacrificios heroicos y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general. Una obligación de esta magnitud es inexigible, aún cuando el embarazo sea resultado de una acto consentido, máxime cuando existe el deber constitucional en cabeza de toda persona de adoptar medidas para el cuidado de la propia salud, al tenor del artículo 49 constitucional.

Asimismo, esta causal no sólo cobija la afectación de la salud física de la mujer gestante sino también aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental pues el derecho a la salud, a la luz del artículo 12 del PIDESC supone el derecho al goce del más alto nivel posible de salud física y mental, y el embarazo puede causar una situación de angustia severa o, incluso graves alteraciones síquicas que justifiquen su interrupción según certificación médica.

Malformaciones del feto que hagan inviable su vida

Bajo esta causal la Corte Constitucional sostiene que la malformación del feto es de tal gravedad que existe una alta probabilidad de que no vivirá, por esto es necesario la certificación médica. En consecuencia de lo anterior, el deber estatal de proteger la vida del nasciturus pierde peso, precisamente por estare ante la situación de una vida inviable. De ahí, que los derechos de la mujer prevalezcan y el legislador no pueda obligarla, acudiendo a la sanción penal, a llevar a término el embarazo de un feto que, según certificación médica se encuentra en tales condiciones.

De esta forma, exigirle a la mujer a que continue con un embarazo en estas condiciones excede lo que normalmente le es exigible a la mujer en embarazo, puesto que ella debería soportar la carga de un embarazo y luego la pérdida de la vida del ser que por su grave malformación es inevitable. Lo que además implicaría someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes que afectan su intangibilidad moral, esto es, su derecho a la dignidad humana.

Cuando el embarazo es fruto de una violación sexual o incesto

Para la Corte Constitucional penalizar a la mujer que como consecuencia de una violación sexual o incesto queda en estado de embarazo es una medida desproporcionada porque la prevalencia absoluta de la protección de la vida del nasciturus supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de la mujer gestante, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida sino el resultado de conductas arbitrarias que desconocen su carácter de sujeto autónomo de derechos y que por esa misma razón estan sancionandas penalmente en varios artículos del Código Penal.

Así, la mujer que como consecuencia de una vulneración de tal magnitud a sus derechos fudamentales queda embarazada no puede jurídicamente ser obligada a adoptar comportamientos heróicos, como sería asumir sobre sus hombros la enorma carga vital que continuar con el embarazo implica, ni indiferencia por su valor como sujeto de derechos, como sería soportar impasiblemente que su cuerpo, contra su conciencia, sea subordinado a ser un instrumento útil de procreación. Además, la violencia sexual viola los derechos reproductivos de las mujeres puesto que repercuten en su salud, autonomía sexual y reproductiva, en particular sus derechos a la integridad corporal y al control de su sexualidad y de su capacidad reproductiva, y pone en riesgo su derecho a la salud, no sólo física sino psicológica, reproductiva y sexual.

El embarazo resultado del incesto, además de estar igualmente penalizado por el ordenamiento jurídico colombiano, compromete gravamente la autonomía de la mujer y es un comportamiento que por desestabilizar la institución familiar resulta atentatario no sólo de ésta sino de otro principio consitucional, la solidaridad.

Por estas razones, penalizar a la mujer que se encuentra en estas circunstancias es una injerencia desproporcionada e irrazonable en la libertad y la dignidad de la mujer. El único requisito que se le impone es que el hecho punible al que fue objeto haya sido debidamente denunciado ante las autoridades competentes.

Por último, la Corte estableció en cuanto a los requisitos que basta con la presentación de la denuncia penal o del certificado médico según sea el caso para que ni la mujer ni el médico que practique el aborto puedan ser objeto de acción penal. Cada una de las causales despenalizadas son autónomas e independientes, por lo tanto, no s podrá exigir para la violación o el incesto, que además la vida o la salud de la mujer se encuentre en peligro o que se trate de un feto inviable. En el caso de la violación debe partirse de la buena fe y la responsabilidad de la mujer que denunció el hecho, y por tanto basta con que se exhiba al médico copia de la denuncia penal.

La Corte resalta que el legislador no puede establecer más requisitos que le impongan a la mujer cargas desproporcionadas sobre sus derechos ni barrera que impidan la práctica del aborto.

Por otro lado, la Corte resalta que la objeción de conciencia no es un derecho absoluto del cual son titulares las personas jurídicas o el Estado. Sólo es posible reconocer este derecho a las personas naturales, por lo cual no puede existir objeción de conciencia de clínicas, hospitales, centros de salud o cualquier otro para la prestación del servicio de aborto cuando la mujer este legitimada para solicitarlo. Así, la objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada, y por tanto no se trata de poner en juego la opinión del médico entorno a si esta o no de acuero con el aborto, y tampoco puede implicar el desconocimiento de los derechos fundamentales de la mujer. Por lo tanto, en caso de que el médico alegue debidamente la objeción de conciencia para practicar el aborto tiene la obligación de remitir a la mujer inmediatamente a otro médico que sí pueda llevar a cabo el aborto, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica.

Mujeres menores de catorce años

La demandante solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión "o en mujer menor de catorce años" contenida en el artículo 123 del Código Penal, el cual sanciona el aborto causado sin consentimiento de la mujer o en mujer de menor de catorce años lo cual significa que esta disposición establece una presunción de que la mujer menor de 14 años carece de capacidad para consentir el aborto, y en esa medida su consentimiento no es relevante desde el punto de vista de la sanción penal. Lo cual deja ver que la protección del bien jurídico que pretende la sanción no es la vida en gestación sino la mujer menor de 14 años en estado de embarazo.

Con respecto al consentimiento de menores de 14 años, la Corte en reiteradas ocasiones ha señalado que si bien las medidas de protección para los menores de edad estan justificadas por la Constitución, siempre deben ser proporcionadas y nunca anular los derechos, valores y principios en juego.

Así, la Corte a establecido que las personas menores no carece totalmente de autonomía por lo cual sus criterios no sólo deben ser tenidos en cuenta sino también respetados, reconociéndolo su autonomía para tomar directamente ciertas decisiones médicas, incluso en contra de la opinión de sus padres.

En consecuencia, se ha reconocido en los y las menores la titularidad del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad de consentir tratamientos e intervenciones sobre su cuerpo, aún cuando tengan carácter altamente invasivo. En esta medida, descarta que criterios de carácter meramente objetivos, como la edad, sean los únicos dererminantes para establecer el alcance del consentimiento libremente formulado por los menores para autorizar tratamientos o intervenciones sobre su cuerpo.

Por lo tanto, una medida de protección que despioje de relevancia jurídica el consentimiento del menor, como lo constituye la expresión demandada del artículo 123 del Código Penal resulta inconstitucional porque anula totalmente el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la dignidad de los menores. Además, de lo anterior, dicha medida es irracional pues anula el derecho de la mujer que necesita abortar para garantizar la vida o la salud de la menor embarazada.

Estado de necesidad

Por último, sobre la inconstitucionalidad del numeral 7 del artículo 32 del Código Penal los demandantes alegan que el estado de necesidad regulado por esta disposición vulnera los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de la mujer, porque ésta se ve obligada a someterse a un aborto clandestino y por lo tanto humillante y potencialmente peligroso para su integridad.

Sin embargo, para la Corte este numeral es una causal genérica y no sólo aplica para el delito de aborto sino, en general, a todas las hipótesis de delito. Por lo cual, la declaratoria de inexequibilidad haría que otras situaciones en las que el mismo opera quedaran desprotegidas. De esta forma, al haber declarado que no se incurre en el delito de aborto en las hipótesis anteriormente planteadas, tales conductas ya no son ni siquiera típicas y mucho menos habría que indagar por la responsabilidad penal. Por tal razón, se declara la constitucionalidad del enunciado normativo demandado.

La Corte resuelve:

Primero. Negar las solicitudes de nulidad en contra de la demanda por carecer de fundamento.

Segundo. Declarar constitucional el artículo 32, numeral 7 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por ser el estado de necesidad una disposición de carácter genérico.

Tercero. Declarar constitucional el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) en el entendido que no se incurre en el delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produce en los siguientes casos:

1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico;

2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y

3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente dencunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferecnia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Cuarto. Declarar inconstitucional la expresión "o en mujer de catorce años" contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Quinto. Declarar inconstitucional el artículo 124 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) que disponía la posibilidad de disminuir la pena en caso de violación o incesto.

Corte Constitucional de la República de Colombia.
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