C-372/98 (caso servicio doméstico)
Colombia, Corte Constitucional

C-372/98 (caso servicio doméstico)

FECHA DE EMISIÓN 21-07-1998DESCARGA LA DECISIÓN JUDICIAL

Jueces y juezas:

Antonio Barrera Carbonell

Antonio Barrera Carbonell

Eduardo Cifuentes Muñoz

Eduardo Cifuentes Muñoz

Carlos Gaviria Díaz

Carlos Gaviria Díaz

José Gregorio Hernandez Galindo

José Gregorio Hernandez Galindo

Hernando Herrera Vergara

Hernando Herrera Vergara

Alejandro Martínez Caballero

Alejandro Martínez Caballero

Fabio Morón Díaz

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Temas:

Empleo y Seguridad Social

Normas relacionadas:

Código Sustantivo del Trabajo (Colombia) Artículo 162

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Código Sustantivo del Trabajo (Colombia) Artículo 162

1. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores: a). Los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo; b). Los de servicio doméstico, ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo; c). Los que ejerciten labores discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando residan en el lugar o sitio de trabajo; d). Los choferes mecánicos que presten sus servicios en empresas de transporte de cualquier clase, sea cual fuere la forma de su remuneración. 2. Las actividades no contempladas en el presente artículo sólo pueden exceder lo límites señalados en el artículo anterior, mediante autorización expresa del Ministerio del Trabajo por conducto del Departamento Nacional o de una autoridad delegada, sin pasas de cuatro (4) horas diarias de trabajo suplementario.

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

Las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional tienen efecto erga omnes, es decir son de aplicación general para todo el ordenamiento jurídico y tienen carácter definitivo.

En esta sentencia, la Corte Constitucional de Colombia declara exequible el literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, validando la exclusión del servicio doméstico del régimen de regulación general de la jornada de trabajo. La Corte alcanza su decisión sin realizar un verdadero análisis de proporcionalidad que equilibre los intereses presentes en el caso, entre empleador y trabajadora. La Corte en ningún momento examina las condiciones de trabajo ni las necesidades del sector laboral afectado por esta norma. De haberlo hecho, lo primero que habría advertido es la alta feminización de este sector (según informa el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, para el 2013, el 95% de las personas en el servicio doméstico son mujeres), lo que habría obligado a la Corte a incluir en su análisis los elementos que ponen en evidencia la relación directa entre la precarización del trabajo doméstico y las desigualdades de género, nivel socio-económico, pobreza y clase, transversales a este tipo de relación laboral.

Por el contrario, la Corte considera únicamente las supuestas necesidades del empleador, en este caso la familia, tomada en abstracto, y decide que en ese ámbito no puede intervenir. En su opinión, son únicamente los trabajadores domésticos internos (en masculino) quienes se tienen que adecuar a las actividades familiares de sus empleadores, de manera que para ganar el salario mínimo deben trabajar 12 horas más por semana, en comparación con el resto de trabajadores asalariados. Ningún argumento hay en conexión con la dignidad humana y la igualdad para que exista esa “especial categoría de trabajadores” creada por el legislador. En el análisis no se hace alusión al principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; a la falta de profesionalización del sector, que se mantiene como una labor no producto del aprendizaje y la experiencia sino de las inclinaciones y saberes "naturales" de la trabajadora; a las dificultades para la conciliación de la vida familiar y laboral de la trabajadora; ni a su disminución de las horas de descanso, que afectan de manera negativa su derecho de acceso a actividades lúdicas y de ocio. En este sentido, la decisión de la Corte es contraria a los convenios 100 (sobre la igualdad de género), 111 (sobre la discriminación en el empleo) y 189 (sobre los trabajadores domésticos) de la Organización Internacional del Trabajo y a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), todos ratificados por Colombia.

La Sentencia C-372/98 de la Corte Constitucional determina que la excepción de la jornada laboral ordinaria para el servicio domestico es acorde con la Constitución (exequibilidad). La Corte legitima una excepción a la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo para las empleadas domésticas internas, como 10 horas diarias, es decir, 60 horas semanales, mientras que la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo estipulada en la ley es de 8 horas al día y 48 horas a la semana (art. 161 del Código Sustantivo del Trabajo). Con esta decisión la Corte Constitucional de Colombia legitima la discriminación directa de las mujeres en el mundo laboral, ya que el servicio doméstico es un sector particularmente feminizado.
El ciudadano Luis Álvarez Rodriguez Beltran (en adelante “el actor”), en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó la inconstitucionalidad de varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo (65.2, 147, 156, 162 (parcial) y 267) y, entre ellos, del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) que establece lo siguiente: “1º Quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores: […] b) Los del servicio doméstico, ya se trate de labores en los centro urbanos o en el campo. […]” El actor alegó que en cuanto al literal b) del artículo 162, contiene una disposición discriminatoria y desconocedora del derecho a trabajar en condiciones dignas y justas, ya que si un empleador cuenta con trabajadores irreemplazables debe pagarles su especialidad, pues no es lógico que la capacitación obtenida se convierta a la postre “en algo contrario” a los intereses del trabajador, a quien de ese modo se le niega la igualdad de oportunidades respecto del resto de los empleados. La Procuraduría General de la Nación, emitió su opinión en cuanto a la demanda solicitando a la Corte declararse inhibida para pronunciarse sobre los artículos 65.2, 162 literales a) y b) del CST. La Procuraduría consideró que el actor en su razonamiento no realizó una exposición razonada de los motivos en que funda su petición, con lo cual se deja de cumplir uno de los requisitos materiales para la prosperidad de la acción.
La Corte Constitucional consideró que el legislador sustrajo la labor doméstica del régimen general de trabajo teniendo en cuenta que la familia no tiene las características de una empresa o de un patrono corriente o regular. Para la Corte es evidente que la economía doméstica y la labor desempeñada en la misma poseen unos rasgos particulares que implican una disponibilidad de tiempo diferente y adecuada a las actividades familiares. La Corte estimó pertinente conciliar la protección que la Constitución brinda al núcleo familiar con las condiciones dignas y justas en que, de conformidad con la misma Carta Política, debe desarrollarse la actividad doméstica.

En este orden de ideas, a juicio de la Corte, una jornada laboral excesiva contradice los principios de la dignidad humana y las condiciones justas en que han de cumplirse las tareas domésticas, tornándose indispensable fijar un límite al período de trabajo que exceda de la jornada máxima ordinaria, límite por fuera del cual se quebrantarían las garantías mínimas del trabajador.

Sólo en las anteriores condiciones la norma acusada puede ser exequible, es decir, ajustada a la Constitución Política, de modo que aún cuando sea posible la exigencia de laborar durante un período de tiempo superior a la jornada máxima general fijada legalmente, para la Corte lo razonable es que, en ningún caso, los trabajadores del servicio doméstico laboren más de 10 horas diarias, y en el evento de que se requiera el servicio más allá de tal límite, procederá entonces, el reconocimiento y pago de horas extras, en los términos de la legislación laboral.

La Corte estimó además que la exequibilidad del literal b) del artículo 162 CST objeto de cuestionamiento, condicionada en los términos establecidos, es la alternativa más razonable, ya que si llegara a declararse la inexequibilidad, o sea su no conformidad con el ordenamiento constitucional, no hay duda para los jueces de que ello tendría un efecto perverso, generando desempleo y, eventualmente, la desaparición del trabajo doméstico.

En lo que toca con los trabajadores del servicio doméstico que no viven con el patrono en forma permanente, la Corte estimó que para ellos rigen las normas ordinarias en materia de garantías salariales y prestaciones sociales.

El Magistrado José Gregorio Hernández G. presentó un salvamento de voto, expresando su opinión en disidencia respecto de la opinión de la mayoría. Para este Magistrado, una norma legal a cuyo tenor todo un sector de trabajadores, sin justificación alguna, está excluido de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo, lo cual implica que estará expuesto de manera "lícita" a que se le exija laborar en forma continua durante veinticuatro horas al día, es abiertamente inconstitucional. En consecuencia, la Corte debió declararlo así de manera clara y contundente, retirando del sistema jurídico el literal b) del artículo 162 del CST.

Además, para este juez, la sentencia es contradictoria: declara la exequibilidad del precepto que excluye al aludido sector de trabajadores de la jornada máxima laboral, pero a renglón seguido la condiciona fijando un límite temporal para la jornada de los trabajadores domésticos que residan en la casa del patrono.

La Corte declara exequibles los literales a) y b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, y, en el caso del literal b) la exequibilidad se condiciona en el sentido de que los trabajadores domésticos que residen en la casa del patrono, no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias.
Corte Constitucional de la República de Colombia.
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 Corte Constitucional colombiana.
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