Causa Civil No. 5 de 2016
Tanzania, Alto Tribunal de Tanzania en Dar es Salaam

Causa Civil No. 5 de 2016

FECHA DE EMISIÓN 08-07-2016

Jueces y juezas:

Ama-Isario Ataulwa Munisi

Ama-Isario Ataulwa Munisi

Shabani Ally Lila

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Sekieti Suleiman Said Kihiyo

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Temas:

Adolescentes y niñasEstado CivilDiscriminación interseccional

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POR QUÉ ES IMPORTANTE:

Los Altos Tribunales son los competentes para conocer las pretensiones que se deriven en materia de civil y penal. Asimismo, tienen competencia para conocer todos aquellos asuntos que no tengan jurisdicción propia. Sus decisiones son vinculantes para todos los tribunales inferiores y tienen la capacidad de instar al Gobierno, al Parlamento o a la autoridad que corresponda a corregir o modificar las leyes. No obstante, están sujetas a las decisiones de la Corte de Apelación de Tanzania que puede revocar, modificar o confirmar las decisiones de los Altos Tribunales.

Esta decisión, a pesar de que no tiene fuerza vinculante porque ha sido apelada ante la Corte de Apelaciones, sienta un precedente muy importante para los derechos de las niñas ya que declara inconstitucional y nulo el precepto que establece que las menores pueden contraer matrimonio. Mediante la sentencia, el tribunal ordena al Gobierno a modificar la ley con el fin de equiparar la edad mínima de las mujeres para casarse, fijándola en 18 años como los hombres.

La decisión tiene un gran impacto para la igualdad de género, no sólo porque se prohíbe el matrimonio infantil de las niñas y se reconoce una vulneración al derecho a la igualdad y al derecho de no discriminación entre hombres y mujeres, sino que además, el tribunal aplica un análisis interseccional al asunto, reconociendo que es una cuestión que afecta a la infancia, una categoría social especialmente vulnerable, que además, quiénes se ven afectadas directamente por la previsión de la edad mínima para casarse son las niñas, y no los niños, y que, en este caso, están aún más expuestas aquellas que se encuentran en situación de pobreza o vienen de familias socialmente desaventajadas.

Esta decisión es el resultado de un litigio estratégico llevado a cabo por Rebeca Gyumi, fundadora de la organización Msichana Initiative. La decisión fue galardonada con el premio Mallete de Bronce 2017.

El Alto Tribunal de Tanzania declara la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley de Matrimonio que establecen que las niñas menores de 18 años pueden casarse con consentimiento paterno. Reconoce que son inconstitucionales ya que vulneran el principio de igualdad y el derecho de no discriminación por el hecho se ser mujeres. Por lo que, insta al Gobierno para que, en el plazo de un año, modifique la Ley de Matrimonio de forma que se establezca la edad de 18 años como límite mínimo para contraer matrimonio, tanto para hombres como para mujeres.

Decisión disponible en inglés, aquí.

En Tanzania, Rebeca Gyumi, fundadora de la asociación Msichana Initiative (organización que lucha por el derecho a la educación de las niñas y por el empoderamiento de las mujeres), planteó la inconstitucionalidad de los preceptos 13 y 17 de la Ley de Matrimonio, que regulan la edad mínima para contraer matrimonio (15 o 14 para las mujeres y 18 para los hombres) y el consentimiento necesario (para las niñas menores de 18 se requiere consentimiento por parte del padre). La demanda de inconstitucionalidad se fundó sobre la base de una vulneración a los principios constitucionales del derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación y el derecho a la libertad de expresión. Así, la cuestión se plantea ante el Alto Tribunal de Tanzania para ser resuelta.

El tribunal divide su razonamiento respecto a cuatro cuestiones trascendentales en la causa. 1) Definición de niño/a; 2) La edad mínima para contraer matrimonio; 3) El consentimiento paterno; y, 4) La religión y la costumbre

1) Definición de niño/a

Primero, antes de evaluar la constitucionalidad de los dos preceptos, analiza la definición de niño/a. El tribunal está de acuerdo e insiste en que no hay duda de que, por definición, un niño o una niña es una persona menor de 18 años (de acuerdo con la Ley de Matrimonio, la Ley de las Relaciones Laborales y la Ley del Niño). Lo que significa que la ley no debería permitir a una persona definida como niño/a contraer matrimonio cuando, tal y como añade el tribunal, los niños y las niñas son una categoría social vulnerable que requieren mayor protección. Por tanto, el tribunal reconoce que el matrimonio infantil no es compatible con los derechos fundamentales de las niñas a vivir libres de violencia y sin discriminación.

2) Edad mínima para contraer matrimonio

El tribunal considera que, en cuanto al precepto que regula la edad mínima para contraer matrimonio (artículo 13 de la Ley de Matrimonio por el que se fija la edad de 18 años para los hombres y 15 o 14 para las niñas), al hacer diferencia entre hombres y mujeres se vulnera el principio de igualdad regulado en los artículos 12(1) y 13(1) y (2) de la Constitución. Entiende que existe un trato discriminatorio preferente para los hombres y en perjuicio de las mujeres ya que las menores no pueden casarse sin consentimiento, negándoles el derecho a decidir libremente sobre sus proyectos de vida personales. Por tanto, el tribunal apunta que para garantizar el derecho a la igualdad se debe fijar la edad de 18 años tanto para hombres como para las mujeres sin discriminación.

3) El consentimiento paterno

En relación al artículo 17 de la Ley del Matrimonio analizado, el mismo que establece que las mujeres menores de 18 años tienen que obtener consentimiento paterno para casarse (y en defecto de éste, de la madre o del tutor), el tribunal cree que la razón de ser del consentimiento es la protección de las niñas, ya que el matrimonio, además de entrañar obligaciones y responsabilidades, puede provocar otros daños y riesgos en ellas, como situaciones de violencia sexual. De esta forma, el tribunal reconoce que las niñas casadas pueden estar expuestas a problemas de salud y que, tal y como prevé la ley, es posible que se dé el caso de que haya violación dentro del matrimonio. Para llegar a la conclusión de los riesgos que pueden sufrir las niñas casadas, el Alto tribunal se basa en el caso de Loveness Mudzuru, una decisión de la Corte Constitucional de Zimbabue que prohíbe el matrimonio ifantil al reconocer que ésta práctica somete a las niñas a la perpetuación de la violencia y la discriminación, a una vida de pobreza y al sufrimiento. Por la importancia de esta decisión, fue ganadora del premio Mallete de Oro de 2016.

Además, el tribunal apunta que, a pesar de que el consentimiento esté ideado para proteger a las niñas de posibles riesgos, lo que supone realmente es una vulneración al derecho a la igualdad y un trato diferencial con respecto a los hombres, puesto que a las niñas menores de 18 años se les niega la oportunidad de decidir libremente sobre su vida y su futuro. Lo que supone un incumplimiento del artículo 6 del Protocolo Maputo que establece que los hombres y mujeres deben ser iguales en el matrimonio y una vulneración al artículo 21(2) de la Constitución por el que se regula el derecho a decidir libremente.

4) Religión y costumbre

Por otro lado, en cuanto al argumento de la fiscal general en el que apuntaba que tanto la edad como el consentimiento atendían a razones de religión y costumbre y que por tal motivo debía prevalecer la ley de matrimonio en prejuicio de las mujeres, el Alto tribunal establece que la ley es clara en ese sentido ya que reconoce que ni la costumbre ni la ley islámica pueden prevalecer sobre la Ley de Matrimonio ni sobre los derechos humanos. Para llegar a esa conclusión, el tribunal se basa en la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño/a, para hacer énfasis en que no deben ni pueden prevalecer las costumbres que afecten la vida de las niñas, su salud o sean costumbres directamente discriminatorias.  

El Alto Tribunal de Tanzania declara inconstitucionales y nulos los preceptos establecidos en los artículos 13 y 17 de la Ley de Matrimonio que establecen que las niñas se pueden casar a partir de los 15 años con consentimiento paterno. Dictamina que, en el plazo de un año, el Gobierno debe modificar la ley de forma que la edad mínima para contraer matrimonio sea de 18 años tanto para los hombres como para las mujeres.

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