La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina aclara que las niñas y mujeres sobrevivientes de un episodio de violencia sexual tienen derecho a los servicios de aborto en el sistema de salud con solo presentar una declaración jurada donde señalen su voluntad de realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Igualmente, la Corte ordena a todos los operadores de la salud de orden nacional y provincial implementar y hacer operativos los protocolos para la efectiva atención de abortos no punibles, a garantizar servicios integrales de salud (física, psiquica, sexual y reproductiva) a todas las sobrevivientes de violencia sexual y a realizar campañas masivas de información sobre los derechos que tienen las niñas y mujeres cuando son víctimas de un episodio sexual.

El 3 de diciembre de 2009, A.F., en representación de A.G., su hija de 15 años de edad, denunció ante el Ministerio Fiscal de la Provincia de Chubut, la violación sexual de su hija perpetrada por el esposo de A.F. El 14 de enero de 2010, la representante de la menor solicitó ante la justicia de la Provincia de Chubut la interrupción del embarazo de la menor que cursaba alrededor de las once semanas de gestación, de acuerdo al art.86 (inciso 2 del Código Penal), que establece que: " el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: (...)2 si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto". El juez penal de primea instancia y la fiscalía negaron por motivos de competencia la solicitud de A.G. por lo que, el 22 de enero de 2010, la representante legal inició una medida autosatisfactiva ante la justicia de familia con el fin de lograr la interrupción del embarazo de la menor. La petición fue rechazada tanto en la primera instancia como en la cámara aún cuando en el expediente existía constancia de que la continuación del embarazo de A.G. representaba un peligro para su vida. El 8 de marzo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut revocó la decisión de primera instancia. La sentencia manifestó que: "a) el caso encuadraba en el supuesto de “aborto no punible” previsto en el inciso 2º, primera parte del artículo 86 del Código Penal; b) que esta hipótesis de interrupción del embarazo era compatible con el plexo constitucional y convencional y c) que, pese a la innecesaridad de la autorización judicial de esta práctica, se la otorgaba a fin de concluir la controversia planteada en el caso". Finalmente, el 11 de marzo de 2010, la menor accedió a su derecho al aborto legal en condiciones seguras. La decisión del Superior Tribunal de la Provincia de Chubut fue recurrida por el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut (funcionario del Ministerio Público), en representación del feto (nasciturus), por considerar en términos generales que el caso de la menor A.G. no encuadraba en las causales permitidas por la ley penal, toda vez que la menor no era una víctima violada idiota o demente. Adicionalmente, se argumentó que el Estado de Argentina protege la vida a partir de la concepción. La causa F.A.L finalmente fue traslada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se confirió traslado a la Defensora General de la Nación quien asumió la representación de A.G., quien solicitó que se confirmara la sentencia apelada. El 13 de marzo del 2012 la Corte Suprema confirma la decisión del Tribunal Provincial.

Actualidad de los hechos
La Corte Suprema de la Nación inició su estudio resaltando la importancia de fallar este tipo de casos aun cuando el objeto esencial de los hechos - la interrupción del embarazo de A.G. -, carece de actualidad. De acuerdo con los jueces, esta decisión se hace necesaria toda vez que la Corte tiene la obligación de garantizar los derechos humanos y así mismo, de sentar precedente para la solución de casos análogos en el futuro. Así mismo, advirtió que la armonización e interpretación del art. 86 merece ser estudiada a la luz de los pronunciamientos de distintos organismos internacionales, que desde 1994 hacen parte del ordenamiento jurídico constitucional argentino, y por lo tanto, son vinculantes para el Estado. En consecuencia, un incumplimiento de las obligaciones internacionales generaría responsabilidad internacional.

Interpretación constitucional de las restricciones al aborto legal
La Corte entró a estudiar si la voluntad del constituyente fue limitar el alcance de la causal de aborto en circunstancias de abuso a los supuestos de mujer con discapacidad mental. Para ello, señalo que del art. 75, inciso 23, de la Constitución Nacional no se deduce una interpretación restrictiva, tal y como plantea el demandante. Por el contrario, la norma constitucional otorga mandato suficiente a los legisladores para que desde un marco normativo de seguridad social, y no punitivo, proteja los derechos de las mujeres durante y después del embarazo.

Adicionalmente, menciona la Corte, en la Convención Constituyente de 1994 se presentó un debate sobre el derecho a la vida, y en ningún momento quedo plasmada la voluntad del Constituyente de limitar la causal abuso al supuesto de mujer violada con discapacidad mental.

Protección absoluta del derecho a la vida
El Tribunal decide analizar los argumentos del demandante sobre la protección absoluta del derecho a la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica del nasciturus a partir de un análisis sistemático de las convenciones de derechos humanos y observaciones de los comités de monitoreo de Naciones Unidas. Así, concluye que no se deriva del derecho internacional de los derechos humanos una aproximación absoluta y estricta del derecho a la vida que desconozca los derechos de las mujeres.

De manera más específica, señalan que las provisiones del artículo 1 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, como los artículos 3 y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos fueron “expresamente delimitadas en su formulación para que de ellas no se derivara la invalidez de un supuesto de aborto”. Además, advierten que las discusiones en torno a la redacción de los mencionados artículos de la Convención, así como el caso Baby Boy de la Comisión Interamericana no quisieron establecer una protección absoluta del derecho a la vida.

Adicionalmente, resalta el contenido de los artículos 3 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que consagran, respectivamente, el derecho a la vida y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica deben ser interpretadas a partir del artículo 1 de la Declaración que estipula que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. En ese mismo sentido, se mencionan algunas Observaciones del Comité de Derechos Humanos, mediante las cuales se exhorta a los Estados a permitir el aborto cuando el embarazo es producto de una violación. Y específicamente, se resaltan las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos que han expresado su preocupación por la interpretación restrictiva del art. 86 del Código Penal argentino.

Finalmente, la Corte señala que de los antecedentes, preámbulo y disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño se puede contemplar una formulación amplia del derecho a la vida.

Principios de igualdad y protección contra la discriminación
A partir de los principios de igualdad y prohibición de todo tipo de discriminación, la Corte concluye que reducir la interrupción de los embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra una incapaz mental implicaría establecer una distinción irrazonable de trato respecto de cualquier otra víctima, por no responder a ningún criterio válido de diferenciación.

Dignidad humana
Para la Corte, el principio de dignidad humana hace que el Estado no pueda exigir conductas heroicas, como supondría obligar a una mujer que fue violada llevar a término su embarazo. Una obligación de tal proporción resultaría a todas luces, desproporcionada. Igualmente, indica que la política criminal de un Estado debe ser considerado como el último instrumento de sanción del ordenamiento jurídico, y en ese sentido, se debe limitar el alcance del castigo penal y permitir a toda víctima de violación acceder al aborto como un derecho.

La Corte Suprema concluye que el aborto no punible en Argentina del art. 86 comprende todos los casos resultados de una violación sexual, con independencia de la capacidad mental de la sobreviviente. Igualmente, señala que toda autorización judicial que se requiera para la práctica del derecho al aborto es contraria a la naturaleza de la norma y los principios de emergencia sanitaria, y en ese sentido, no puede por ningún motivo supeditarse el derecho al aborto a un dictamen judicial a pedido de un profesional de la salud.

La Corte también exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos protocolos para la efectiva atención de abortos no punibles a los efectos de remover las barreras para la prestación de los mismos.