Paton v. Servicio Británico de Asesoría y otro [1978] QB 276
Reino Unido, Alta Corte de Justicia, Tribunal de la Reina

Paton v. Servicio Británico de Asesoría y otro [1978] QB 276

FECHA DE EMISIÓN 24-05-1978DESCARGA LA DECISIÓN JUDICIAL

Jueces y juezas:

Sir George Baker, P.

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Temas:

AbortoPrácticas forzadas y no consentidasDiscriminación interseccional

Normas relacionadas:

Ley de Aborto 1967 (Reino Unido) sección 1

NORMAS RELACIONADAS

Ley de Aborto 1967 (Reino Unido) sección 1

Disponible sólo en inglés

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

Las decisiones del Alto Tribunal en asuntos civiles pueden ser apeladas ante la Corte de Apelación o la Suprema Corte del Reino Unido. En principio, el Alto Tribunal se encuentra limitado por sus propias decisiones previas.

De acuerdo con el Alto Tribunal (en adelante "el tribunal" o "la corte"), este es el primer caso de su tipo litigado en Inglaterra. Es una decisión importante en términos del derecho de la mujer a tomar una decisión autónoma sobre su cuerpo y proyecto de vida. Se consideró que otorgar el derecho o el poder al marido o a la pareja de prohibir a la mujer obtener un aborto legal, tendría efectos devastadores sobre su derecho a decidir el propio proyecto de vida, su autonomía y dignidad, entre otros.

Desde el comienzo de la decisión, el tribunal señala la controversia que con frecuencia rodea al tema del aborto en cuanto a derechos morales, deberes, intereses, estándares y concepciones religiosas de las partes, pero enfatizó que el tribunal solo estaba interesado en la aplicación de la ley sin consideraciones emocionales o preferencias.

El tribunal hace un interesante paralelismo entre el hecho de que ningún tribunal otorgaría una orden para impedir una esterilización o una vasectomía y el tema a decidir. Esencialmente, se centra, no en la pregunta sobre el feto, sino en los derechos y en la autonomía de la persona, en este caso los de la persona que busca una vasectomía y una mujer que requiere un aborto.

El nivel de discreción que otorga el tribunal a la profesión médica es notable en esta decisión y quizás, tomando en cuenta sus consecuencias para los casos de pacientes que no tengan capacidad legal, podría considerarse que va muy lejos.

El Tribunal sostuvo que el marido, quien solicitó una orden judicial para impedir a su ex-esposa practicarse un aborto y a un proveedor de servicios el realizarlo, no tenía derecho a realizar esta petición.
El demandante, William Paton, era el marido de la segunda demandada, Joan Mary Paton. El 8 de mayo de 1978, la Sra. Paton confirmó que estaba embarazada y solicitó un certificado médico para obtener un aborto según los términos de la ley sobre aborto de 1967.

El 16 de mayo de 1978, la Sra. Paton abandonó la casa familiar. Al día siguiente su marido solicitó una orden para impedir al Servicio Británico de Consejería sobre Embarazos y a su ex esposa, permitir o procurar un aborto, respectivamente. Ese mismo día la Sra. Paton presentó una solicitud de divorcio. El Sr. Paton originalmente argumentó que su esposa no tenía base legal para solicitar un aborto y que se comportaba de manera vengativa e irrazonable al solicitarlo. El caso fue pospuesto durante una semana para permitir a las partes obtener representación.

Durante el proceso todas las partes admitieron que la ley de 1967 había sido adecuadamente cumplida. Sin embargo, el Sr. Paton sostuvo que él tenía un derecho a opinar sobre el destino del niño que él había concebido.

Las emociones y el derecho
Como argumento de inicio, el tribunal advierte que en la discusión de los asuntos humanos y en especial sobre el aborto, puede surgir controversia en torno a los derechos morales, deberes, intereses, estándares y concepciones religiosas de las partes, pero enfatizó que el tribunal solo estaba interesado en la aplicación de la ley en Inglaterra tal y como aplica a la demanda y que su tarea era aplicar la ley libre de emociones o preferencias.

Órdenes judiciales restrictivas y el feto 
El tribunal paso entonces a examinar el tema de las órdenes restrictivas. Rápidamente sostuvo que el principio básico es que debe existir un derecho exigible establecido por ley previo a que el solicitante pueda obtener una orden judicial para impedir una violación a dicho derecho.

El tribunal pasó entonces a examinar si el demandante tenía un derecho y observó que en el derecho Ingles el feto no tiene derechos propios hasta que no nace y adquiere derechos separados de la madre. Este hecho permea todo el derecho civil Ingles y es la base de las decisiones en todos los países del derecho de precedentes anglosajón. Examinando el derecho de accionar legalmente en relación con los daños pre-natales, sostuvo que era universalmente aceptado que para que el feto pueda tener un derecho debe nacer y convertirse en niño/a. En relación con la herencia, un feto puede tener derechos de sucesión por medio de una "ficción jurídica" pero el feto debe posteriormente nacer vivo. Por consiguiente no hay en la ley un derecho perteneciente al feto.

Órdenes judiciales restrictivas y el marido 
Dado todo lo anterior, para que la demanda del esposo pueda tener mérito debe basarse en un derecho que este tenga por sí mismo. El tribunal sostuvo que un padre ilegitimo no tiene ningún derecho excepto aquellos otorgados por ley, y un derecho como ese no existía al momento del examen. Por tanto el tribunal pasó a examinar si tenía algún derecho como esposo. Señaló, citando el caso Forster v Forster (1790) 1 Hag. Con. 144, que los tribunales de familia nunca han intentado hacer cumplir las obligaciones maritales en base a órdenes judiciales. La ley no busca ni buscará nunca hacer cumplir obligaciones maritales como las relaciones sexuales o la anticoncepción, así como ninguna corte daría una orden para impedir una vasectomía o la esterilización. Declaró que era "absurdo" creer que las relaciones familiares en el matrimonio podían forzarse a través de los tribunales.

Remedios e inutilidad
El Tribunal se preguntó cuál sería la solución aportada por una orden de tal naturaleza y señaló que ningún juez consideraría nunca enviar a un marido o una esposa a la cárcel por incumplir una orden como esa. Concluyó que el marido no podía por ley impedir a su esposa obtener un aborto legal. Todos los requisitos para un aborto legal se habían cumplido en este caso y los médicos habían aportado sus certificados en buena fe.

Ley de 1967 sobre el aborto: ¿Derecho o consulta? 
La Ley de 1967 sobre el aborto no otorga el derecho al padre de ser consultado en relación con la terminación del embarazo. El tribunal advirtió que tampoco da un derecho a la madre, pero evidentemente si le da un derecho a consultar con sus médicos para obtener una decisión en buena fe (a menos que ella no esté en capacidad). El Tribunal consideró que el marido no tenía derecho bajo la ley a impedir a su esposa practicarse un aborto o a los doctores de realizar el procedimiento.

Opinión sobre la supervisión 
El tribunal afirma en la sentencia, de manera no vinculante (obiter), que en su opinión sería imposible para los tribunales supervisar la aplicación de la ley de aborto de 1967. Para el juez, la ley ubica esta responsabilidad social sobre los hombros de la profesión médica. (Ver también Reg. v Smith (John) [1973] 1 WLR 1510, 1512).

La profesión médica 
El tribunal señaló que en línea con los requisitos de la ley de 1967, los certificados médicos deben ser facilitados de buena fe. El tribunal afirmó que sólo un "Juez valiente, temerario" e ingenuo, se atrevería a interferir en la decisión discrecional de un médico que actúe bajo la ley de 1967 a menos que haya una clara mala fe y un intento evidente de perpetuar un delito (lo cual sería un asunto del Procurador General).

Consentimiento conyugal y aborto 
El Tribunal señaló que en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Planned Parenthood of Central Missouri v Danforth A. G. (1976) 96 S. CT. 2831, se consideró que el Estado no podía constitucionalmente requerir el consentimiento del esposo como condición para el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo. Por consiguiente, los tribunales no pueden delegar autoridad en ningún particular, incluyendo el marido, para impedir el aborto durante el mismo período. En el presente caso, el tribunal además afirma que la ley no prevé ninguna solicitud de consentimiento o consulta previa. 

El tribunal sostuvo que la solicitud de una orden restrictiva no tenía fundamento. Una orden judicial no podía ser otorgada ya que el marido no tenía derecho exigible ante la ley o en principio para impedir a su esposa practicarse un aborto ni para impedir que un profesional de la salud llevara a cabo el procedimiento.

Asimismo, toda vez que el no nacido no es titular de derechos y el padre no tiene derechos bajo el derecho anglosajón sobre el hijo ilegitimo, el derecho de solicitud de la orden sólo puede basarse en el estatus de esposo. Pero, los tribunales nunca han ejercido jurisdicción para controlar las relaciones personales en el matrimonio y en la ausencia de un derecho a ser consultado bajo la ley de 1967, el marido no tiene un derecho exigible por ley o por principio para impedir que su esposa se practique un aborto o para impedir que los médicos lo realicen legalmente bajo la ley de 1967.

Alta Corte de Justicia, Tribunal de la Reina.
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