R. K. B. v Turquía
Turquía, Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

R. K. B. v Turquía

FECHA DE EMISIÓN 24-02-2012DESCARGA LA DECISIÓN JUDICIAL

Jueces y juezas:

Nicole Ameline

Nicole Ameline

Dubravka Simonovic

Dubravka Simonovic

Patricia Schulz

Patricia Schulz

Zohra Rasekh

Zohra Rasekh

Victoria Popescu

Victoria Popescu

Pramila Patten

Pramila Patten

Violeta Neubauer

Violeta Neubauer

Soledad Murillo de la Vega

Soledad Murillo de la Vega

Naéla Mohamed Gabr

Naéla Mohamed Gabr

Niklas Bruun

Niklas Bruun

Olinda Bareiro Bobadilla

Olinda Bareiro Bobadilla

Barbara Evelyn Bailey

Barbara Evelyn Bailey

Violet Tsisiga Awori

Violet Tsisiga Awori

Magalys Arocha Domínguez

Magalys Arocha Domínguez

Zou Xiaoqiao

Zou Xiaoqiao

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Temas:

Empleo y Seguridad Social

Normas relacionadas:

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 2

NORMAS RELACIONADAS

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 1

NORMAS RELACIONADAS

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 11

NORMAS RELACIONADAS

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: a. El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; b. El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección de cuestiones de empleo; c. El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y el adiestramiento periódico; d. El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad de trabajo; e. El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; f. El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil; b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; c. Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda. 2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil; Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales; Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 5.

NORMAS RELACIONADAS

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículo 5.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

Las decisiones emitidas bajo el procedimiento de quejas individuales del Comité de la CEDAW tienen carácter de recomendación, pero los Estados están bajo la obligación de presentar informes sobre su cumplimiento. Por otra parte, aunque la decisión hace referencia a las circunstancias específicas del caso, debe tomarse en cuenta que las decisiones del Comité establecen interpretaciones auténticas sobre la CEDAW que pasan a formar parte de la Convención misma, por consiguiente, determinan la manera en que todos los Estados parte deben interpretar y aplicar la Convención dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Esta decisión se suma a la jurisprudencia del Comité de la CEDAW relativa a la obligación estatal de eliminar en las normas y la práctica, incluida la judicial, los estereotipos de género que perpetúan la discriminación contra las mujeres, tal como ya había sostenido en Tayag Vertido v. Filipinas. Es importante destacar el esfuerzo realizado por el Comité en esta decisión de desmontar los estereotipos de género perjudiciales en relación con la vida privada y la moralidad de las mujeres que tienen, como resultado, una discriminación en el disfrute de sus derechos laborales.

Una mujer turca, casada, fue despedida de la peluquería donde trabajaba por supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con uno de los empleados. En la carta de despido le fue especificado que su conducta había sido inmoral e inaceptable para la política empresarial. Sin embargo, el compañero con el que mantenía la supuesta relación extramatrimonial no fue despedido. La mujer demandó el despido por considerarlo injustificado y discriminatorio. Los tribunales nacionales condenaron a la empresa al pago de una indemnización pero no encontraron que en el caso existió discriminación basada en género. Al conocer del caso el Comité de la CEDAW encuentra que los tribunales nacionales basaron su decisión en prejuicios sexistas e ideas estereotipadas acerca de la moral sexual de las mujeres por lo que declara al Estado responsable de vulnerar los derechos de la autora protegidos por la CEDAW.
La autora de la demanda es una ciudadana turca casada, que al momento de ocurridos los hechos trabajaba en una peluquería en la ciudad de Kocaeli. En febrero de 2006 fue despedida de este empleo. En la carta de despido el Gerente de la peluquería justificaba la acción argumentando que la autora había tenido un comportamiento poco ético al tener relaciones de índole sexual con un compañero de trabajo que, sin embargo, no fue despedido.

La autora demandó a la empresa ante el Tribunal del Trabajo de Kocaeli argumentando que su despido era injustificado y que, antes de recibir la carta de despido, el Gerente había intentado obligarla a firmar un documento en el que renunciaba a sus derechos amenazando con que, si no lo firmaba, difundiría rumores sobre sus supuestas relaciones extramatrimoniales. En julio de 2006, la autora inició acciones penales por difamación contra el Gerente de la peluquería y otros dos empleados. El Fiscal Jefe dictó acusación formal en septiembre de 2007, y en abril de 2008 el Tribunal de Magistrados encontró a los imputados culpables por difamación. El 6 de junio de 2007, la autora interpuso un nuevo recurso por su despido, argumentando la existencia de discriminación por motivos de género. En septiembre de 2007, el Tribunal del Trabajo dictaminó que el despido había sido injustificado ya que el empleador no había aportado prueba de la supuesta relación de índole sexual de la autora con otro empleado, condenándole a pagar a la autora una indemnización. Al mismo tiempo concluyó que el despido no fue discriminatorio pues no se podía afirmar que la autora había sido despedida por ser mujer y que, el hecho de que el empleado con el que supuestamente mantenía una relación no hubiera sido despedido no era una prueba suficiente de discriminación en base al género. La autora apeló la decisión ante el Tribunal de Casación argumentando que era contraria al principio de igualdad de trato establecido en la Ley del Trabajo y a las obligaciones que la CEDAW imponía a Turquía. En abril de 2009, el Tribunal desestimó la apelación sin hacer referencia alguna a los argumentos relativos a la Convención.

Consecuentemente, la autora presentó el asunto al conocimiento del Comité de vigilancia de la CEDAW alegando la violación de sus derechos, protegidos por los artículos 2. a) y c) (obligación de implementar políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer), 5. a) (obligación de modificar patrones socioculturales) y 11. a) (obligación de eliminar la discriminación en el empleo), todos ellos en relación con el artículo 1 por cuanto el Estado toleró las violaciones de varias disposiciones de la Convención.
Artículo 2
En su examen del fondo, el Comité estima que, si bien el Tribunal del Trabajo declaró el despido improcedente, no consideró debidamente la pretensión de la autora de que fue víctima de un acto de discriminación por motivos de género al haber hecho una interpretación muy restrictiva del principio de igualdad de trato. Además, valoró que el Tribunal de Casación desestimó la apelación de la autora sin motivar si quiera su fallo. Recordando el contenido de su Recomendación General Nº 28 (2010) relativa a las obligaciones de los Estados en virtud del artículo 2 de la Convención, el Comité considera que el Estado incumplió sus obligaciones al no asegurar en la práctica el cumplimiento del principio de igualdad ni la protección efectiva de la autora frente a actos de discriminación por género.

Artículo 5
En su análisis del artículo 5, el Comité considera preocupante que el Tribunal del Trabajo no reprobara el sesgo sexista y el carácter discriminatorio de los testimonios favorables al empleador escuchados durante el juicio y muy por el contrario, se limitará únicamente a indagar sobre la integridad moral de la autora. Así, el Comité concluye que las actuaciones judiciales nacionales se basaron en la percepción estereotipada de la gravedad de que una mujer mantuviera una relación extramatrimonial, y en la consideración de que este tipo de relaciones eran aceptables en el caso de un hombre pero no en el de una mujer, y de que solo las mujeres tenían el deber de "no incurrir ni en el más mínimo atentado contra la moral". El Comité, reiterando que las leyes y los sistemas son un medio de perpetuación de los estereotipos de género concluye que el Estado vulneró el artículo 5 de la Convención.

Artículo 11
En relación al artículo 11, el Comité considera que la presión ejercida sobre la autora para firmar el documento renunciando a sus derechos y el carácter de las amenazas sobre la propagación de rumores sobre su supuesta infidelidad, así como el acoso que sufrió, se debieron a su condición de mujer y su estatus de casada, lo que constituye una infracción del principio de igualdad de trato. El Comité considera que el trato dispensado por el empleador a la autora vulnera su derecho al trabajo y a la igualdad de trato y constituye discriminación por género, prohibida por el artículo 11.

Voto Particular
La Comisionada Patten en su voto particular concurrente, discrepa del razonamiento de la mayoría en relación con los artículos 2 y 11. De acuerdo con este voto el Comité debía haber examinado la legislación nacional para comprobar si efectivamente ofrecía un recurso efectivo y disponible en la práctica en caso de vulneración de los derechos, conforme al artículo 2. En su opinión, la Ley del trabajo no ofreció un mecanismo de protección efectiva a la autora. Adicionalmente, los tribunales no aplicaron el principio de igualdad al interpretar la ley aplicable al caso, bloqueando así el paso de la igualdad formal a la igualdad sustancial. El Estado parte tampoco garantizó la igualdad sustantiva de la autora en el trabajo y los actos y la conducta del empleador y de sus agentes tuvieron como consecuencia la denegación de su derecho al empleo y a la estabilidad laboral, por lo que considera que la autora también vio vulnerados los derechos que la amparan en virtud del artículo 11, párrafos 1 a) y d), de la Convención.

El Comité dictaminó que el Estado incumplió sus obligaciones bajo el artículo 2, apartados a) y c), interpretado junto con el artículo 1, así como del artículo 5, apartado a), y del artículo 11, párrafo 1 a) y d), de la Convención, y dirigió las siguientes recomendaciones al Estado:

  • Proporcionar a la autora una reparación apropiada, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del trabajo.
  • Tomar medidas para que el artículo 5 de la Ley del trabajo y la Convención sean aplicados en la práctica por los tribunales nacionales y otras instituciones públicas, con el fin de proteger efectivamente a las mujeres contra todo acto de discriminación por motivos de género en el empleo.
  • Tomar medidas para que se imparta formación apropiada sobre la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité a los y las juezas, abogadas y agentes del orden, para evitar que los prejuicios estereotipados influyan en la toma de decisiones.

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