R.R. v. Polonia
Polonia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

R.R. v. Polonia

FECHA DE EMISIÓN 28-11-2011DESCARGA LA DECISIÓN JUDICIAL

Jueces y juezas:

Nicolas Bratza

Nicolas Bratza

Lech Garlicki

Lech Garlicki

Ljiljana Mijovic

Ljiljana Mijovic

Sverre Erik Jebens

Sverre Erik Jebens

Päivi Hirvelä

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Ledi Bianku

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Vincent A. De Gaetano

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Temas:

Aborto

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Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
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1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2 No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
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Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

La decisión de la Corte es firme (el plazo para apelar a la Gran Cámara expiró el 28 de noviembre de 2011). Esta es la primera vez que el Tribunal Europeo ha encontrado que una situación relativa al aborto es constitutiva de una violación del artículo 3 del Convenio (trato inhumano y degradante).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sostuvo que la angustia causada por la denegación de acceso, continúa e intencionada, a las oportunas pruebas genéticas a una mujer embarazada (identificada como R.R.), que tenía fundadas sospechas de que el feto podía sufrir de una anormalidad genética grave, constituyó una violación de la prohibición de la tortura, además de convertir en inoperativo su derecho a un aborto legal. El sistema polaco no tenía ningún mecanismo efectivo que permitiera a R.R. solicitar acceso a un servicio de diagnóstico. Este tipo de servicio le hubiera permitido ejercer su derecho a tomar una decisión informada acerca de practicarse o no un aborto. Como consecuencia el Tribunal encontró al Estado de Polonia como responsable por vulnerar el artículo 3 (tortura, trato inhumano y degradante) y el artículo 8 (vida privada) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
El caso trata sobre una mujer (R.R.), madre de dos hijas, embarazada de un feto del que se sospechaba sufría una grave anomalía genética. Una ecografía realizada en la semana 18 del embarazo confirmó la sospecha de que el feto tenía una malformación no identificada. Desde ese momento los médicos que la atendían, que se oponían al aborto, le denegaron deliberadamente el oportuno acceso a una prueba genética a la que tenía derecho y que le habría permitido confirmar o no sus sospechas. El aborto es legal en Polonia en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando los exámenes prenatales arrojan un alto riesgo de que el feto esté grave e irreversiblemente dañado o que sufra de una enfermedad incurable hasta el punto que se cuestione gravemente su supervivencia fuera del cuerpo de la mujer. La demandante obtuvo los resultados de las pruebas genéticas prenatales cuando ya era demasiado tarde para que pudiera tomar una decisión informada sobre continuar con el embarazo o acceder a un aborto, puesto que el plazo para un aborto legal ya había transcurrido. Finalmente, el niño nace con síndrome de Turner. Legislación nacional aplicable
La Ley de Planificación Familiar (Protección del feto humano y condiciones que permiten interrumpir un embarazo) de 1993, prevé que todo ser humano tendrá un derecho inherente a la vida desde el momento de la concepción. La Sección 4(a) prevé que se podrá llevar a cabo un aborto, por parte de un doctor, en tres circunstancias: cuando a) el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer; b) las pruebas prenatales u otros diagnósticos médicos indican un alto riesgo de que el feto se encuentre severa e irreversiblemente dañado o que sufre de una dolencia incurable que amenaza su vida o c) cuando hay serios motivos para pensar que el embarazo es el resultado de un acto ilícito. En relación al punto b), el aborto puede llevarse a cabo hasta el momento en que el feto sea capaz de sobrevivir fuera del útero de su madre; en relación al punto c), hasta el final de la semana 12 de gestación. En los casos a) y b) el aborto debe llevarse a cabo por un facultativo que trabaje en un hospital. Las circunstancias bajo las que se permite el aborto en los puntos a) y b) deben ser certificadas por un profesional diferente a aquél que realiza el aborto, a menos que el embarazo suponga una amenaza directa para la vida de la mujer. De acuerdo con la sección 2(a) de la Ley de 1993, las administraciones locales y estatales tienen la obligación de garantizar el acceso sin trabas a la información y a las pruebas prenatales en algunas circunstancias particulares, incluyendo los casos en los que existe un riesgo o sospecha mayor de una afección genética o del desarrollo de algún problema o de una enfermedad incurable que amenaza la vida de la mujer, independientemente de lo severa que la potencial enfermedad pueda ser.
Objeciones preliminares: condición de víctima y reparación/compensación
El gobierno sostuvo que debido a que R.R. había rechazado su propuesta de un acuerdo amistoso, ésta había perdido su condición de víctima. Igualmente, argumentó que R.R. ya había recibido una compensación económica en el Tribunal de Apelación y que dicha sentencia era firme.

RR argumentó que los tribunales nacionales no abordaron los obstáculos sistemáticos del sistema de salud que su caso puso de manifiesto y que, en todo caso, los daños compensados en instancias nacionales no deben utilizarse como una forma para evitar el cumplimiento del CEDH.

El TEDH señaló que las negociaciones para alcanzar un acuerdo amistoso son confidenciales y que se llevan a cabo sin perjuicio de la argumentación de las partes en los procedimientos contenciosos (Art. 39(2), Regla 62). Más ún, al haber rechazdo el acuerdo amistoso propuesto por el Estado R.R. mantenía su condición de víctima.

Respecto a lo apropiado de la compensación, el Tribunal sostuvo que el caso se refería a la protección de la dignidad y era, por tanto, de suma importancia para la solicitante. El Tribunal comparó la cantidad concedida a R.R. por los tribunales nacionales y la cantidad concedida por el propio TEDH en el caso Tysiac v Poland, que era tres veces superior y se refería únicamente al artículo 8, y afirmó que la cantidad no podía considerarse acorde con la naturaleza del daño alegado. La solicitante no dejaba por tanto de ser vícitma de una violación del artículo 3 del CEDH.

Intervenciones de terceras partes (amicus curiae)
Se recibieron intervenciones de terceras partes provenientes, entre otros, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Programa internacional de derecho sobre salud sexual y reproductiva de la Facultad de derecho de la Universidad de Toronto y de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

LOS MÉRITOS: Artículos 3, 8 y 13

Artículo 3: Violación
El gobierno argumentó que en ningún momento R.R. había sido sometida a un trato que pudiera vulnerar el artículo 3, aunque hubiera podido sentir un cierto estrés o algunas molestias, o los médicos pudieran haber expresado sus opiniones de una manera brusca y maleducada. Además, que sus alegaciones sobre una falta intencionada de proporcionarle el tratamiento médico necesario no se correspondían con los hechos.

Por su parte, R.R. sostuvo, en base al artículo 3, que fue sometida a un trato inhumano y degradante como resultado de la falta intencionada de los médicos de proveerle el tratamiento médico que necesitaba, consistente en los exámenes prenatales oportunos que le hubieran permitido tomar una decisión sobre la posibilidad de interrumpir su embarazo dentro del plazo establecido en la ley de 1993. También afirmó ante el Tribunal que los médicos la habían tratado de una forma desdeñosa y despectiva, criticándola en repetidas ocasiones por su empeño en que se le practicaran test prenatales y por el hecho de que había contemplado el aborto como una posible solución a su problema. Su marido también deseaba un aborto legal en caso de malformación del feto y personalmente, ella sabía que, si no podía acceder a un aborto, tendría que enfrentarse a criar a un niño/a con una enfermedad para toda la vida. Todas estas circunstancias le provocaron mucho estrés y ansiedad.

Señalando que era muy lamentable que la solicitante “fuera tratada de una forma tan poco apropiada por los médicos que intervinieron en su caso”, el TEDH sostuvo que había sido humillada según el artículo 3. El Tribunal apreció que la solicitante experimentó una gran angustia al recibir la información de que el feto podía estar afectado con alguna malformación, por lo cual quería obtener la mayor cantidad de información posible al respecto. Sin embargo, como resultado de la dejadez de los profesionales de la salud, tuvo que soportar semanas de dolorosa incertidumbre en relación a la salud del feto, su futuro y el de su familia y la perspectiva de tener que criar a un niño afligido por una enfermedad incurable. Tener que pensar en cómo ella y su familia iban a ser capaces de asegurar el bienestar de este menor, su felicidad y un tratamiento médico apropiado a largo plazo, le hizo sufrir una profunda angustia, agravada debido a que sus preocupaciones no fueron atendidas de forma apropiada por los profesionales de la salud que intervinieron en su caso. Todas estás circunstancias alcanzan el umbral mínimo necesario para considerar que el Estado violó el artículo 3 de la CEDH.

Artículo 8: Violación
El gobierno sostuvo que el embarazo y su interrupción no pertenecen, en principio, exclusivamente a la decisión privada de la mujer. Afirmó que la ley polaca protege al feto humano de la misma manera que la vida de la mujer y que, por tanto, permitía la interrupción del embarazo únicamente en las circunstancias previstas en la Ley de 1993. La interrupción voluntaria del embarazo por razones eugenésicas no puede, por tanto, derivarse de las obligaciones positivas del Estado de proporcionar una atención médica apropiada.

R.R. argumentó que la no implementación por parte de los poderes públicos de las leyes y de la normativa que regulan el acceso a las pruebas prenatales y a la interrupción del embarazo, en el contexto de la Ley de 1993, resultó en una protección insuficiente de sus derechos protegidos por el CEDH. Además, enfatizó que, en cualquier caso, no se debería permitir que los proveedores de salud se refugien en la objeción de conciencia respecto de los servicios de diagnóstico. En la práctica médica polaca se presume de forma incorrecta que todas las mujeres que desean someterse a exámenes genéticos prenatales tienen el propósito de interrumpir sus embarazos, este clima tan políticamente cargado limita el acceso a dichas pruebas. Por último, alegó que finalmente había tenido una niña afectada de una enfermedad grave que requería tratamiento médico de por vida, como resultado, su vida y la de su familia se habían visto negativa e irremediablemente afectadas, no sólo por su sufrimiento debido al futuro de su hija enferma, sino también por la necesidad de proveerla de cuidados diarios especiales y conseguir un cuidado médico regular y especializado, lo que es costoso y relativamente difícil de conseguir en Polonia.

El Tribunal Europeo reiteró que la noción de vida privada aplica a las decisiones de tener y de no tener hijos y de convertirse en padres o madres por lo que, la decisión de una mujer embarazada de continuar o no con su embarazo pertenece a la esfera privada y la autonomía. En consecuencia, la legislación que regula la interrupción del embarazo toca la esfera de la vida privada ya que, cuando una mujer está embarazada, su vida privada se conecta estrechamente con el feto en desarrollo. Por ello, el artículo 8 de la CEDH es de aplicación al caso.

Cualquier interferencia con el artículo 8 debe estar prevista en la ley y ser necesaria en una sociedad democrática. El Tribunal reiteró que, debido a la falta de consenso, la determinación de cuándo comienza el derecho a la vida cae dentro del margen de apreciación de los Estados, sin perjuicio de una interpretación evolutiva del Convenio, que es “un instrumento vivo” que debe ser interpretado “a la luz de las condiciones de vida actuales”. Dado que los derechos invocados en nombre del feto y los derechos de la mujer se encuentran inextricablemente interconectados, el margen de apreciación conferido a los Estados para regular la protección del feto se traduce necesariamente en un margen de apreciación para que ese Estado lleve a cabo un balance de los derechos de la mujer que conflictúan con los del feto. Si bien se otorga un amplio margen de apreciación a los Estados en relación a las circunstancias en las que un aborto es permitido en un Estado determinado, una vez que se ha tomado esa decisión el marco jurídico que se diseñe a tal propósito debe “determinarse de una forma coherente que permita tomar en cuenta de forma adecuada y conforme a las obligaciones que emanan del Convenio los diferentes intereses legítimos afectados”.

El Tribunal analizó la cuestión del acceso de los individuos a la información relativa a su estado de salud desde la perspectiva de las obligaciones positivas del Estado. Sostuvo que el sistema polaco no contenía ningún mecanismo efectivo que pudiera haber permitido a la solicitante requerir el acceso a un servicio de diagnóstico, decisivo para poder ejercer su derecho a tomar una decisión informada sobre si solicitar o no un aborto. Una implementación efectiva de la ley nacional relevante no debe considerarse como la imposición de una carga extraordinaria sobre el Estado polaco, sino que se trata de hacer operativo un derecho al aborto ya reconocido. Así, la decisión declara que la falta de cumplimiento de las autoridades de sus obligaciones positivas de garantizar la protección de su vida privada implicó una violación del artículo 8.

En relación a la objeción de conciencia de los facultativos, el Tribunal señaló que la palabra “prácticas” que aparece en la redacción del artículo 9 del Convenio (libertad de pensamiento, conciencia y religión) no comporta todos y cada uno de los actos o formas de comportamiento motivados o inspirados por una religión o creencia. Los Estados tienen la obligación de gestionar sus sistemas de salud de una manera que garantice que el ejercicio efectivo de la libertad de conciencia de los profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión no impida a los pacientes obtener acceso a servicios a los que tienen derecho de acuerdo a la legislación aplicable.

Artículo 13: No Violación Al encontrar que los argumentos al amparo del artículo 13 (en relación con la discriminación en el acceso a servicios de diagnóstico) se superponía en esencia con las cuestiones que ya habían sido examinadas en relación al artículo 8, el Tribunal dictaminó que no emanaba una cuestión diferente al amparo del artículo 13.

Conforme al artículo 41 del CEDH, el Tribunal ordenó el pago a la solicitante de 45.000 Euros (EUR) en concepto de daños no pecuniarios y 15.000 Euros en concepto de costas procesales. (Ya había recibido previamente compensación de Polonia).

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