Rosalind Williams LeCraft v. España
España, Comité de Derechos Humanos

Rosalind Williams LeCraft v. España

FECHA DE EMISIÓN 17-08-2009DESCARGA LA DECISIÓN JUDICIAL

Jueces y juezas:

Abdelfattah Amor

Abdelfattah Amor

Mohammed Ayat

Mohammed Ayat

Krister Thelin

Krister Thelin

Lazhari Bouzid

Lazhari Bouzid

Fabian Omar Salvioli

Fabian Omar Salvioli

Nigel Rodley

Nigel Rodley

Rafael Rivas Posada

Rafael Rivas Posada

Michael O'Flaherty

Michael O'Flaherty

Iulia Antoanella Motoc

Iulia Antoanella Motoc

Zonke Zanele Majodina

Zonke Zanele Majodina

Rajsoomer Lallah

Rajsoomer Lallah

Helen Keller

Helen Keller

Yuji Iwasawa

Yuji Iwasawa

Ahmad Amin Fathalia

Ahmad Amin Fathalia

Christine Chanet

Christine Chanet

Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

José Luis Pérez Sánchez Cerro

José Luis Pérez Sánchez Cerro

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Temas:

Discriminación interseccional

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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 26

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Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 2

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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 12

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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 12

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

POR QUÉ ES IMPORTANTE:

El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un cuerpo de expertos independientes que revisan la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo con el Primer Protocolo Facultativo del Pacto, el Comité tiene competencia para examinar denuncias individuales respecto de presuntas violaciones del Pacto de los Estados partes del Protocolo. Las decisiones constituyen parte de lo que se conoce como derecho internacional consuetudinario y permiten interpretar los derechos del Pacto. 
Esta decisión histórica forma parte de un cuerpo creciente de jurisprudencia internacional y regional que asegura que los Estados partes no pueden perfilar racialmente a las personas por razones de seguridad o de inmigración. Además, tiene importantes repercusiones interseccionales para las mujeres migrantes, quienes a menudo son vulnerables a la discriminación racial debido a su situación social.
Williams Lecraft v. España, fue un litigio estratégico llevado a cabo por Women's Link Worldwide conjuntamente con la iniciativa de Justicia de Open Society y SOS Racismo Madrid. Es el primer caso en contra del uso de perfiles raciales presentado ante un tribunal internacional de derechos humanos.
En Women's Link estamos trabajando para garantizar que los controles de identidad en España no se basen en rasgos como la etnicidad y, por lo tanto, no sean discriminatorios.

La Sra. Rosalind Williams fue detenida por un oficial de policía en el andén de una estación de tren en España y se le solicitó que presentara sus documentos de identidad. Cuando preguntó por qué ella era la única persona detenida, el agente de policía dijo que tenía órdenes de llevar a cabo controles de identidad de las personas “de color”, en particular para propósitos de inmigración. Williams se quejó del tratamiento recibido ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que encontró que los perfiles raciales constituyen una discriminación ilícita.
El gobierno español solicitó al Comité que declare inadmisible la solicitud debido a la demora en la presentación. Subsidiariamente, alegó que los hechos no revelaban ninguna violación del Pacto, ya que el control de la "inmigración ilegal" es perfectamente legal. Alegó que el Estado puede tomar en consideración ciertas características físicas o étnicas como una indicación razonable del origen no español de una persona dado el hecho de que hay pocas personas negras que son españolas, pero hay muchas personas subsaharianas que están ilegalmente en España. 
El Comité consideró que la solicitud era admisible, indicando que no hay término para presentar comunicaciones en virtud del Protocolo Facultativo. Dada la dificultad que tuvo la autora para obtener asistencia jurídica gratuita, el tribunal consideró que la demora de seis años no constituía un abuso del derecho a presentar una comunicación. 

El Comité constató que los controles de identidad llevados a cabo con fines de seguridad pública o prevención del delito en general, o para controlar la inmigración ilegal, tienen un propósito legítimo. Sin embargo, señaló que cuando las autoridades llevan a cabo dichos controles, las características físicas o étnicas de las personas no deben considerarse indicativas de su posible presencia ilegal en el país. Afirmó además que tampoco deben llevarse a cabo de forma que se dirijan únicamente a personas con características físicas o étnicas específicas. El Comité determinó que, de lo contrario, se afecta negativamente la dignidad de las personas y contribuye a la difusión de actitudes xenófobas en la población en general.
El Comité determinó la responsabilidad del Estado parte en relación con las acciones del agente de policía, dado que el agente de policía creyó que actuaba según un criterio legal y los tribunales consideraban que el criterio estaba justificado.
Dadas las circunstancias fácticas del caso, el Comité llegó a la conclusión de que la autora fue elegida para el control de identidad basándose únicamente en sus características raciales y que esas características fueron el factor decisivo para que se sospechara de una conducta ilícita. El Comité consideró que el trato no fue razonable ni objetivo y, por lo tanto, fue discriminatorio. El Comité también concluyó que el Estado no había presentado ninguna disculpa a la autora.

El Comité determinó que la ley en España debería cambiarse y que la Sra. Williams debería recibir una disculpa pública. En concreto, consideró que España debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios cometan actos como los del presente caso. El Comité también solicitó al Estado parte que publicara el dictamen del Comité y le dio a España hasta diciembre de 2009 para que lo implementara. Los votos disidentes simplemente declararon que el lapso de tiempo era demasiado largo, haciendo que la demora fuera injustificada y, por lo tanto, que la comunicación era inadmisible.

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