Ganador del Premio Mallete BRONCE
Violencia machista

Caso Ángela González-Responsabilidad del Estado

El Tribunal Supremo de España definió la obligación del Estado español de cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, en un caso de un hombre que maltrató durante varios años a su esposa y a su hija de 7 años y posteriormente asesinó a esta última en una visita no vigilada.

  • País: España
  • Edición: 2018
  • Visitas: 341
  • Tribunal: Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Cuarta del Tribunal Supremo de España
  • Fecha de la decisión: 17/07/2018
  • Votos: 76

Ángela González lleva 15 años reclamando justicia por el asesinato de su hija. En el año 2003 su hija Andrea, de tan solo 7 años de edad, fue asesinada por su expareja, el padre de la niña, durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por una jueza. Tras 11 años intentando conseguir una reparación por parte del Estado español, y agotadas todas las vías internas, Ángela denunció su caso ante la ONU. En el 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), emitió un dictamen en el que condenó a España por negligencia (este caso fue nominado al Premio Mallete en 2015). Después de la condena, el gobierno se negó reiteradamente a cumplir con las medidas, excusándose en que los dictámenes de Naciones Unidas no son vinculantes.

El Tribunal Supremo resolvió el recurso interpuesto por Ángela González en contra de una sentencia de la Audiencia Nacional, mediante la cual se negó la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos antes contados.

El Supremo determinó la obligación del Estado español de cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos ratificados por el país, y en particular, estableció que el dictamen de la CEDAW es vinculante para España al haber reconocido la Convención, y al no cumplirse este dictamen se violan los derechos fundamentales de las mujeres. También señala que el Estado violó el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la integridad física y moral, y el derecho a la tutela judicial efectiva. La condena para el Estado español es de 600.000 euros.

Esta decisión sienta un precedente muy importante, al establecer por primera vez que las opiniones de los Comités de Naciones Unidas son vinculantes y que el hecho de que no haya un mecanismo directo para implementarlas no exime al país de su obligación de cumplir las recomendaciones.

Jueces y juezas que dictaron la decisión

Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo (Magistrado Ponente / Reporting Judge)

Jorge Rodríguez-Zapata Pérez

Segundo Menéndez Pérez

Pablo Lucas Murillo de la Cueva

María del Pilar Teso Gamella

José Luis Requero Ibáñez

Rafael Toledano Cantero

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