Women's Link Worldwide

En 2015, California aprobó la Ley FACT de salud reproductiva, con el objetivo de evitar que los llamados "centros de atención y crisis del embarazo”, de carácter anti-abortista, siguiesen proporcionando a mujeres embarazadas información intencionadamente engañosa, incompleta o confusa, con la intención de convencerlas de seguir adelante con su embarazo, ya que se habían documentado casos de este tipo. Esta nueva Ley obligaba a todos los centros sanitarios, incluyendo estos "centros de atención y crisis del embarazo”, a informar a sus pacientes sobre los programas estatales que ofrecen servicios gratuitos o muy asequibles para la interrupción del embarazo, garantizando que las mujeres conociesen sus derechos y de los servicios médicos a su disposición, para que así pudiesen tomar decisiones informadas. 

En su sentencia, el Tribunal Supremo determina que obligar a estos "centros de atención y crisis del embarazo” (que se oponen al aborto por motivos religiosos) a dar información sobre la interrupción del embarazo vulnera su derecho a la libertad de expresión, ya que esto les obligaría a transmitir mensajes contrarios a sus convicciones. 

Esta sentencia deja en situación de vulnerabilidad a muchas mujeres, que podrían recibir información incompleta o intencionadamente engañosa dirigida a intimidarlas e impedir que tomen decisiones informadas sobre su propia salud. 

La decisión judicial está disponible en inglés.