Women's Link Worldwide

Tras años de reivindicación la comunidad trans de Bolivia vio sus demandas atendidas en la Ley 807, también llamada Ley de Identidad de Género, en mayo de 2016. En ella se reconocía, entre otros muchos, el derecho al cambio de identidad sexual y con él todos los derechos fundamentales que se derivan como el derecho a participar en la vida política, el derecho al matrimonio, o adopción. 

Tras la publicación de esta Ley un grupo de senadores y diputados que contaban con el apoyo de la Iglesia reclamaron la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos ante la Corte Constitucional. 

La Corte, finalmente, reconoció que el cambio de identidad de género es constitucional pero negó a la comunidad trans, entre otros, el derecho a contraer matrimonio, volviendo al concepto de la familia “tradicional” y perpetuando el estereotipo de que las familias “no tradicionales” no son válidas. El proceso no termina aquí ya que las organizaciones que luchan por los derechos humanos del colectivo LGBTI están decididas a llevar el caso a instancias internacionales. 

Sentencias como esta suponen un retroceso para la democracia de Bolivia y son solo una muestra más de cómo las personas transexuales y transgénero no son consideradas como sujetos de derecho en igualdad de condiciones.