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Una mujer, de 18 años de edad, fue víctima durante meses de una relación sexual forzada con un pandillero, fruto de la cual quedó embarazada. No denunció las violaciones por miedo y en ningún momento supo acerca de su estado de embarazo. Meses más tarde, tras sufrir fuertes dolores en el vientre y en la espalda, dio a luz en la letrina de su casa y se desmayó. Al recuperar el conocimiento acudió al hospital de Cojutepeque, donde fue denunciada por el personal sanitario y detenida de inmediato por las autoridades.

A pesar de que los expertos médicos no pudieron asegurar si el feto nació muerto o si murió al nacer, el Tribunal concluyó de manera infundada que la joven, como no deseaba tener a su hijo, lo asesinó al nacer. Así, fue condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión.

Esta sentencia ejemplifica de manera desgarradora cómo, en base a una de las leyes más restrictivas en materia de aborto del mundo, las mujeres y las niñas de El Salvador son desprotegidas y criminalizadas por emergencias obstétricas, violando de manera sistemática sus derechos humanos con condenas injustas y desproporcionadas.

La decisión judicial no se encuentra disponible, sin embargo, se pueden encontrar diversos artículos en la sección de “vínculos”.